En el estado de Puebla el hecho de que la inversión pública se concentra en inversiones de gran escala (un gasoducto y una autopista) mismas que, al responder a prioridades nacionales, no catalizan las capacidades económicas de la región.
Asimismo, estos proyectos, en muchos casos traen más desigualdad a las comunidades, ya que se realizan a través de la desposesión forzada de tierras.
Lo anterior de acuerdo con la investigación denominada “Trampas territoriales de pobreza, desigualdad y baja movilidad social: los casos de Chile, México y Perú, elaborada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
El documento señaló que se observa también un desacoplo en las políticas públicas, en particular entre lo que ofrecen los programas de gobierno (ejemplo, moto-tractores) y lo que se necesita en realidad (crédito y asistencia técnica).
Otras dificultades son el acceso a esos programas sociales, ya sea porque para su acceso se requiere de conexiones políticas, o por la existencia de requisitos fuera del alcance de muchos, como el título de propiedad (situaciones muy recurrentes en Puebla).
Expropiación sin compensación
Agregó que en la entidad poblana, el hecho de que los programas públicos definan el uso del financiamiento por parte de los beneficiarios, ha limitado las posibilidades de reconversión productiva. La inversión pública también puede reproducir la marginación social a consecuencia de las reglas que determinan el uso y acceso a estos fondos.
En Puebla, es notorio que para acceder a ciertos fondos públicos, el beneficiario debe demostrar que es dueño de su propiedad, tarea que se dificulta en un entorno de escaza documentación y falta de apoyo oficial para lograrla.
Otro tipo de regla tiene que ver con la desposesión de los activos. En el estado, para facilitar la inversión pública en infraestructura de gran escala, las agencias públicas pueden expropiar terrenos sin compensación.
Información opaca
El análisis criticó que en Puebla, la información sobre fondos públicos circula con privilegios a través de las relaciones sociales de las élites –hay casos en los que los beneficiarios de programas agrícolas eran todos parientes del alcalde, quien implementó el programa. En general, los programas federales son todos mediados por gestores contratados por los alcaldes o autoridades locales.
Finalmente, concluyeron que estas trampas institucionales –en gran medida determinadas por factores sociales y políticos–, se manifiestan en la existencia de localidades con indicadores de bienestar permanentemente rezagados frente al resto del país, que pertenecen a cinco entidades Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Veracruz.
