El Itaipue recibió una queja de ocho regidores panistas de la capital debido a que el Comité Directivo Municipal (CDM) exhibió sus nombres y las cuotas que adeudan al partido, por lo que le solicitó modificar el documento disociando los datos.
Así lo dio a conocer, durante la 13 sesión ordinaria del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Itaip) del Estado de Puebla, el comisionado Carlos German Loeschman Moreno.
Lo anterior explicó al resolver el recurso de revisión 02/PDP-PAN-01/2017, donde recordó que el 14 de febrero pasado, de manera individual, cada uno de los afectados solicitaron la oposición respecto al tratamiento de sus datos personales publicados el 5 de octubre de 2016 cuando se exhibió en estrados físicos del CDM sus nombres, con una supuesta cantidad adeudada por concepto de cuota partidista.
Para el 10 de marzo de este año, el instituto político emitió resolución en la que negó lo solicitado, por lo que para el 3 de abril los regidores afectados presentaron por escrito ante el Itaipue un recurso de revisión en contra de la resolución aludida, a través de la cual les fue negada la oposición al tratamiento de sus datos personales.
Detalló que el PAN municipal dio un informe justificando de que la resolución emitida se encontraba apegada a derecho y que la apreciación de los recurrentes resultaba errónea, al confundir la protección de datos personales a las que tiene derecho todo ciudadano, con la obligación de hacer públicos sus datos, patrimonio y percepciones por parte de los servidores públicos, en virtud de que sus nombres, cargos.
Se publica adeudo o nombre, no los dos
Al respecto, Loeschman Moreno comentó que si bien los afectados son funcionarios públicos y aparecen en el padrón de militantes del Partido Acción Nacional (PAN) como lo manifestó Pablo Rodríguez Regordosa, presidente del CDE en la Angelópolis, el agravio se confirma, ya que personificó a los sujetos exhibiendo la cifra que adeuda cada uno.
“Los datos personales abarcan todo lo que haga reconocible a una persona y se nos cita el patrimonio, de acuerdo con lo que nos señala la Ley en Materia Civil se encuentra compuesto por pasivos y activos, entonces lo que se hizo fue el análisis de los datos personales a la luz de su marco protector”, pronunció.
En ese sentido, detalló que el patrimonio se encuentra compuesto por pasivos y activos, por lo que o se publica el monto de adeudo o el nombre, pero no se puede señalar la relación persona-cantidad; sin embargo, Rodríguez Regordosa no será sancionado dado a que la resolución se hace con la Ley de Datos Personales vigente no lo establece.
No obstante, aseveró que en caso de que el dirigente panista insista en publicar los nombres de Juan Carlos Espina von Roehrich, Miguel Méndez Gutiérrez, Myriam Arabian Couttolenc, Carlos Cobos Marín, Adán Domínguez Sánchez, Guadalupe Arrubarrena García, Marcos Castro Martínez y Oswaldo Jiménez López, se daría vista al órgano interno de control del partido.
26 de julio, límite para armonizar ley
Sobre dicho tema, en entrevista, la comisionada presidenta del Itaipue, Gabriela Sierra Palacios, comentó que se estableció como fecha límite el 26 de este mes para que Puebla armonice la Ley de Datos Personales con la nacional y en ésta adecuar el mismo tabulador de sanciones que a nivel federal.
Entre los puntos que se anexarán a la legislación poblana están el reglamento para el aviso de la privacidad de datos, además de que se añade la figura de “conciliación” con el sujeto obligado que violó la disposición durante el proceso del recurso de revisión.
Por otra parte, durante la sesión de pleno, los comisionados también confirmaron la respuesta que dio la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) a un ciudadano en la que negó las bitácoras de vuelo del 2005 al 2010, correspondientes a la administración de Mario Marín Torres, ya que pondrían en riesgo la seguridad nacional.
En su intervención la comisionada Marcela Carcaño Ruíz precisó quien posea esa información podría hacer un mal uso al crear patrones de vuelo que afecten la movilidad aérea para las administraciones estatales posteriores.
