CEN nombra a Rivera como delegado del PAN en el estado de México. Foto: Especial.
Jurídico estatal malinterpretó resolución; contenderé en 2018: Rivera. Foto: Especial.

Eduardo Rivera Pérez señaló que la sentencia del juez federal que establece que no puede entrar en los registros de servidores públicos inhabilitadoses muy clara”, sin embargo, fue mal interpretada por el consejero jurídico del gobierno de Puebla.

En entrevista, el exalcalde panista de la capital poblana aseveró que el fallo del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales es una suspensión definitiva “ no pueden registrarme, no estoy registrado y garantiza mi participación” en el próximo proceso electoral de 2018.

Dijo sentirse extrañado que que haya sido Armando López Aguirre, director jurídico del gobierno del estado, quien se haya pronunciado y no, el Congreso local o de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla cuyas áreas jurídicas sostienen principalmente el litigio que comenzó en marzo pasado.

“La justicia federal me ha amparado para que no esté registrado dentro del espacio de funcionarios públicos inhabilitados, por tanto mis derechos políticos están a salvo (…) El juez fue claro al decir que tanto mi imagen como actividades y derechos podrían ser afectados de manera irremediable de asentarse mi registro”, sostuvo.

Explicó que el juicio de amparo 553/2017 continúa, de manera que dicho juzgado federal revisará los expedientes y el proceso de la auditoría a su cuenta pública 2013 “de fondo”, sobre lo que Rivera Pérez dijo no tener inconveniente alguno.

Mientras eso ocurre, insistió, puede registrarse como candidato a cualquier puesto de elección popular en 2018, pues consideró que la estrategia política del Legislativo y de la ASE era retrasar su cuenta pública el mayor tiempo posible.

Cabe mencionar que López Aguirre, consejero jurídico del gobierno estatal, aseveró que sigue firme la inhabilitación de 12 años que hizo el Congreso contra Rivera Pérez para ocupar un cargo en la función pública.

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