El Movimiento Antorchista acusó el intento de desalojo en un predio conocido como Valle Redondo en Tijuana, que dejó un muerto y daños materiales; exigió al gobierno de Francisco Vega de Lamadrid castigo para los autores materiales e intelectuales.
En un comunicado nacional, los antorchistas manifestaron que además de la muerte del joven José Corrales Almejo, de oficio albañil, hubo daños a propiedades de “cerca de 200 familias”, y la agresión fue planeada por Ana Erika Santana González, con el fin de expulsar a los habitantes de dichos predios.
Señalaron que, después de los hechos sucedidos el pasado 29 de abril, la policía municipal detuvo a ocho presuntos responsables, quienes fueron liberados al día siguiente por la Procuraduría General del Estado (PGE).
Indicaron que “no ha habido avances” en la denuncia presentada ante esta dependencia el mismo 30 de abril.
Aseguraron que hay pruebas para imputar a los sospechosos los delitos de despojo y daño a propiedad privada, ya que los afectados comprobaron en dicha denuncia que los terrenos son de su propiedad
“Parece una acción del crimen organizado”
Asimismo, demandaron que la PGE abra una investigación por el delito de asesinato, pues, hasta el momento, ha mantenido la versión de que Corrales Almejo se disparó por accidente.
Consideraron que el intento de desalojo es parecido a los que realizan grupos del crimen organizado, por lo que urgió a las autoridades estatales y federales evitar que acciones similares se reproduzcan en otras entidades.
Anunciaron que realizarán movilizaciones tanto en diferentes estados de la República como en la capital del país para exigir la intervención de la Secretaría de Gobernación federal.
Predios en disputa
Verónica Armenta, líder del asentamiento antorchista, informó que Erika Santana representa a un cúmulo de 17 personas que reclaman la propiedad del predio en Valle Redondo y acusa a los antorchistas de haberlo invadido por la fuerza.
Comentó que los representados por Santana no son los únicos que reclaman la posesión del inmueble, pues han recibieron amenazas de Juana Rodríguez García y Manuel Rodríguez, quienes también se dijeron dueños del predio.
Armenta negó dicha invasión y explicó que el predio pertenece al polígono del Centro de Población Ejidal Ojo de Agua y se encuentra en un proceso de expropiación con el consentimiento del Comisariado Ejidal para reconocer la posesión a los asentados por su condición de escasos recursos.
