Antes de revisar las mochilas de los niños,
hay que revisar de raíz las políticas que inundaron
de violencia y armas todo el territorio…
Luigi Amara
Las detenciones de Tomás Yarrington en Italia y de Javier Duarte en Guatemala han significado, por un lado, poner nuevamente en la discusión la incapacidad de las instituciones para vigilar la función pública, la falta de candados electorales para evitar el financiamiento de campañas con dinero ilícito, la reglamentación deficiente que permite crear empresas para lavar dinero y desviar recursos con la venia de los gobernantes. Por otro lado, estos casos, junto con los ya por todos conocidos de la nueva generación del PRI, evidencian la decadencia total de un régimen presidencialista que no se ajustó a las exigencias de democratización por parte de la población ni a los retos del crimen organizado. El punto central de esta descomposición política toca la médula de la vida social y se extiende hasta los cuerpos de los gobernados.
La desorganización del Estado mexicano propició la proliferación de jurisdicciones locales cuasi virreinales donde los gobernadores hacen y deshacen sin la rendición de cuentas a un poder central, como se hacía en el México priista del siglo XX. Los saqueos a las arcas públicas en las entidades estatales de la federación han llegado a cantidades históricas, las deudas en algunos estados del país demuestran la falta de topes a la autonomía que tienen los gobernadores para hacerse de recursos vía deuda pública. Pero esta conducta no sería posible sin la complicidad de los Congresos locales; por ejemplo, en el caso de Puebla, la productividad legislativa de sus diputados estuvo en estricta correlación con las iniciativas de ley del gobernador Rafael Moreno Valle. Los gobernadores fueron los legisladores mayores y pudieron cambiar las leyes para intentar privatizar los suministros de agua potable; financiar obras a través de figuras como los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), que no son deuda (pues no se tienen que declarar como tal ante la ASF), pero se tienen que pagar en el futuro.
Sin embargo, la corrupción de los gobernadores mexicanos no sólo impacta las finanzas públicas. No es una simple cuestión de números. La atención al efecto en la vida de los habitantes gobernados por estos delincuentes debe estar a la par de la atención que se pone a las polémicas por acusaciones, cinismos y vergonzosas huidas. Es necesario darse cuenta de que la corrupción no sólo es una cuestión de duras monedas sino una de cuerpos, sangre y muerte.
Así como en los tiempos del Porfiriato el problema de la tierra no era sólo una cuestión puramente jurídica o material sino un problema de maltrato, explotación, violación y barbarie; hoy, los poderosos han decidido sacrificar vidas humanas por salir con las bolsas llenas, tomando una actitud tan macabra como la del Chichikov de Gógol, quien compraba almas muertas para elevar su posición social.
Yarrington, por ejemplo, fue uno de los principales responsables de financiar y facilitar el surgimiento de los zetas. Tamaulipas pasó a ser llamado Mataulipas, con la subjetividad propia de una sociedad que se está descomponiendo. Este topónimo, de un humor negro difícil de digerir aunque fácil de comprender, da sentido a las aseveraciones que algunos hacen sobre el momento histórico que representa la guerra del narco en México: no es una coyuntura, sino el establecimiento de una época, con estructura definida política y bélicamente. Los zetas, uno de los ejércitos privados más letales del mundo, fueron un ejemplo para el surgimiento de nuevos grupos armados en México, alimentados por ese caldo de cultivo que es la pobreza, frustración y la necesidad de hiperconsumo, de los jóvenes de México.
El paso de Javier Duarte por Veracruz, según el informe Reporteros Sin Fronteras (RSF), hizo que los homicidios dolosos en el estado se incrementaran en 41 por ciento de 2011 a 2016, además de los asesinatos de 17 periodistas que convirtieron a Veracruz en el lugar más peligroso del continente para el gremio.
El 10 de mayo de 2016 una madre del Colectivo Solecito recibió un regalo macabro de parte de la delincuencia organizada: dibujos de cruces clavadas en una hoja de papel señalando la ubicación de más de 120 fosas clandestinas en Colinas de Santa Fe. Después, los padres fueron descubriendo más.
Por eso queda preguntarse, más allá de los números, ¿cuál es la huella que dejaron los gobernadores de este nuevo siglo en las vidas de los ciudadanos? Lo preocupante es que los políticos mexicanos, ante su falta de creatividad para generar valor, han descubierto que se pueden enriquecer con la gestión de la muerte y de los cuerpos.
Es sabido que el régimen priista del siglo XX tuvo sus efectos en el lenguaje popular acerca de la corrupción y bajo la llamada dictadura perfecta del viejo PRI se acuñaron frases como “el que no transa, no avanza” y “roba pero deja robar”. Desgraciadamente, con el nuevo PRI, da la impresión de que es verosímil que surjan frases como “el PRI roba, pero deja matar”. Es decir, estamos ante un fenómeno que está cambiando la vida del país desde lo más privado y cotidiano, hasta la forma en que se organiza y ejerce el poder estatal.
Urge organización
La clase política mexicana está más interesada en perpetuar el estado de las cosas, por eso la premura con la que quieren aprobar una ley de Seguridad Interior que privilegia la acción castrense sobre la civil, por eso también su interés en lograr que la Fiscalía Anticorrupción no sea autónoma y quede subordinada a la PGR. Ante tal situación, la protesta y acción civil tendrán que florecer para detener todos estos atropellos, mientras no se haga, los tiranos gozarán de campo libre. Urge que la colectividad mexicana, consciente de las injusticias, se concentre y organice para exigir resultados claros y palpables.
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