Rechaza Moreno Valle que autoridades estén rebasadas por inseguridad. Foto: Ángel Flores / EsImagen
Tepjf exonera a RMV por “promoverse” en fiesta de Casa Puebla. Foto: Ángel Flores / EsImagen

El Tepjf exoneró al exgobernador Rafael Moreno Valle y a su esposa Martha Erika Alonso Hidalgo de realizar presuntos actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos en una fiesta realizada en Casa Puebla a unos días de dejar el cargo.

En el expediente 38/2017, el denunciante, Alán Alejandro Osorio Colmenares, señaló que en la fiesta participaron militantes del PAN y se “promovió” la aspiración de Moreno Valle de ser candidato a la presidencia de la República.

Como pruebas, el quejoso presentó fotografías publicadas por los asistentes en sus redes sociales, en las cuales se muestra al entonces todavía gobernador de Puebla como el “próximo presidente”.

La fiesta habría sido realizada el 26 de enero, cinco días antes de concluir la administración morenovallista.

Por su parte, los acusados reconocieron la celebración, pero aclararon que ésta no fue de índole partidista y tuvo carácter privado, en la que participaron personas cercanas al exmandatario.

La reunión fue “privada”

“La reunión fue estrictamente de carácter privado y los asistentes a dicho evento, son personas de vinculación personal y social. No existió ente gubernamental o partido político que haya ordenado o solicitado la celebración del citado evento”, argumentaron en su defensa.

Además, justificaron que al haber sido su lugar de residencia durante seis años, tenían el “derecho legítimo” de realizar sus actividades privadas y personales en el sitio.

“Si bien es cierto que ‘Casa Puebla’ es un inmueble perteneciente al estado de Puebla, también lo es que, durante la gubernatura, fue su residencia particular, por lo que realizar en ella una reunión de carácter privado, se encuentra dentro de su esfera jurídica de derechos”.

Por ello, los magistrados de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) sentenciaron que, que si bien se admitió la realización del encuentro, “no se contó con los elementos para comprobar que hubo un desvío de recursos públicos o que fue un acto anticipado de campaña”.

 

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