Diódoro Carrasco Altamirano, titular de la SGG, aseveró que no se le puede otorgar la liberación absoluta a Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, asesor general de la UPVA, como lo han solicitado sus familiares, porque tiene un proceso que debe cumplir.
En entrevista, al término de la presentación del cuadro “Batalla 5 de Mayo” y firma de acuerdo para resguardo de dicha obra, aseveró que la prisión domiciliaria se le otorgó a petición de su familia y autorización de un juez.
“Él (Simitrio) está cubriendo las etapas legales correspondientes y eso es lo que va a ocurrir; todo mundo pide la liberación, pero no es posible porque está sujeto a un proceso y debe concluirlo y va a terminar, esperemos que pronto”, pronunció.
Cabe mencionar que a Sarabia Sánchez se le otorgó la prisión domiciliario el 31 de marzo y, dos días después, en una rueda de prensa que realizó en su casa, exigió su libertad plena al señalar que fue aprehendido luego de que Luis Maldonado Venegas, quien fue titular de la SGG, le pidió “entregar” a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA “28 de Octubre”.
Sin fecha para resolver caso de Jolalpan
En otro tema, Diódoro Carrasco Altamirano comentó que el caso de Jolalpan se está atendiendo a través de dos vías: la política, que está a cargo del Congreso local y la jurídica, que es la que le compete a la SGG, aunque no precisó una fecha en la que podría estar resuelto.
Afirmó que no porque los habitantes tengan un plantón afuera de las instalaciones del Legislativo pidiendo la destitución del edil de ese municipio, Antonio Javana García, lo van hacer, ya que se tiene que cubrir una serie de pruebas.
Insistió en que no es un asunto político, muestra de ello, refirió, es que tiene que resolverse jurídicamente, por lo que en los últimos días han tenido varias reuniones con los inconformes para llegar a una solución y conciliación entre ellos.
“No basta que cualquier grupo de cualquier municipio se plante 15 o 30 días o hagan huelga de hambre para obligar a la autoridad a que lo hagan o que cumplan un capricho, eso no va a ocurrir, tiene que haber pruebas para ello”, pronunció.
Es necesario precisar que el 1 de marzo, unas 50 personas de dicha demarcación se manifestaron en el Congreso para exigir la remoción de su alcalde, con el argumento de que hay malversación de los recursos públicos en el ayuntamiento.
