Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, líder de la UPVA “28 de Octubre”, exigió al gobierno de Puebla su libertad plena, al señalar que fue aprehendido luego de que Luis Maldonado Venegas, quien fue titular de la SGG, le pidió “entregar la organización”.
Después de más de 2 años en prisión, el activista reapareció ante medios de comunicación en una rueda de prensa realizada en su domicilio ubicado en la Unidad Habitacional Villa Frontera, donde señaló al exsecretario General de Gobierno (SGG) de estar detrás de su “detención política”.
“Nos dio a entender que en el Mercado Hidalgo se vendía el 80 por ciento de la droga que circula en Puebla (…) y que no habría problema si le entregaba la organización”, expuso.
Indicó que ante la negativa de entregarle la agrupación de comerciantes, el gobierno morenovallista inició la persecución de integrantes de dicha agrupación y el “despojo” de áreas de trabajo.
Destacó que los ataques en contra de los integrantes de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, por parte del exgobernador Rafael Moreno Valle, se deben a que éste busca “imponer y consolidar su cacicazgo neoliberal en Puebla”, lo que –dijo—lo llevó a la aplicación “distorsionada de la legalidad y el uso faccioso e inmoral de la institucionalidad”.
Denunciaría abuso de autoridad ante PGR
Señaló que ante la eventualidad de la ejecución de una medida extrajudicial hacia él, podría promover una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de abuso de autoridad y el ejercicio indebido del poder y de la administración pública, reflejada en la persecución de la organización de comerciantes que actualmente suma a cinco “presos políticos”, contra Moreno Valle y Maldonado Venegas.
Asimismo, subrayó que la autoridad judicial se niega a declararlo inocente, aun cuando existe una resolución judicial en ese sentido.
Subrayó que su arraigo domiciliario –otorgado el pasado 30 de marzo por supuestas “razones humanitarias”– no es un logro, pues le fue impuesto por el gobierno estatal como una modalidad de “ejecución extrajudicial”, además que de llegarse a complicar su estado de salud tendría que hacer un trámite administrativo para recibir atención domiciliaria.
Indicó que los ataques contra la UPVA siguen, pues Diódoro Carrasco Altamirano continúa como secretario General de Gobierno (SGG), sin embargo “no son tan virulentos como fueron antes del 15 de enero”, no obstante “negarnos a todos la libertad, ya es una forma de atacarnos”, aseveró.
Durante su intervención, Samuel Porras Rugerio, defensor legal de Simitrio, señaló que habría que estudiar las circunstancias en el manejo de los procesos a los que están siendo sometidos los integrantes de la “28 de Octubre” para iniciar la denuncia ante la PGR.
Además, sostuvo que la detención de Sarabia Sánchez es arbitraria, pues cumplió con su condena hasta el 11 de enero de 2015, “es ya una circunstancia fuera de toda legalidad”.