Sin el fiscal ni magistrados, este martes se instaló el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual será el responsable de diseñar, promover y evaluar las políticas públicas de combate de dicha problemática.
Jacqueline Peschard Mariscal, presidenta del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana del SNA, reiteró que todavía incompleta la instalación ya que no está nombrado el Fiscal Especial Anticorrupción ni los magistrados de la sala especializada ni las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que tendrán a su cargo imponer la sanciones administrativas a los servidores públicos que cometan faltas graves.
Pidió al Senado que se tome “en serio” la elección del fiscal, pues el nombramiento tiene un retraso de 2 años, lo que provocará que quien sea elegido estará en el cargo hasta noviembre de 2018.
“Entonces hay personas que dicen, yo para que me voy a lanzar a asumir un cargo que es tan complicado, el de perseguir los delitos de corrupción, si solo voy a estar un año y medio. (…) lo urgente es que se tomen en serio y que se hagan los nombramientos, de acuerdo con lo que nosotros vimos, hay personas que reunirán los requisitos necesarios”, aseguró en entrevista con Radio Formula.
Arely Gómez, entre los asistentes
A la sesión de este martes asistieron el magistrado Carlos Chaurand Arzate, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública (SFP); Alfonso Pérez Daza, representante del Consejo de la Judicatura Federal; Juan Manuel Portal Martínez, auditor Superior de la Federación (ASF); Ximena Puente de la Mora, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), entre otros.
De acuerdo con la Ley, el SNA estará integrado por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas locales.
El Comité Coordinador será el responsable de establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes y tendrá a su cargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción además emitirá emitir recomendaciones públicas, aunque no vinculantes ante hechos de corrupción.
Fuentes: Animal Político/Publímetro