Con solo 25 de los 41 diputados que forman el Congreso local, este sábado se aprobó por unanimidad modificar la fracción VI del artículo 12 constitucional de Puebla, para que ahora el agua sea garantizada en los términos de la Constitución Mexicana.
En sesión extraordinaria, a la que no asistió casi la mitad de legisladores, se avaló cambiar la redacción de la norma que a lo largo de casi tres meses causó protestas, marchas e incluso 16 controversias constitucionales en varios municipios.
Aunque estaba programada a las 10 de la mañana, fue hasta 26 minutos después que comenzó el pase de lista, luego se dio lectura al orden del día y en seguida se dio paso a las intervenciones de los diputados que quisieran hacer uso de la palabra antes de la votación.
Socorro Quezada Tiempo, del PRD, aseguró que desde que fue aprobada –el pasado 6 de enero- la ley “no tenía nada de malo” ya que contrario a lo que los inconformes señalaron, no pretendía privatizar el servicio.
“Yo revisé la iniciativa, estaba bien y por eso la voté a favor; nunca hubo intención de privatizar el agua”, defendió.
La también líder de sol azteca en la entidad “aplaudió” que el Legislativo poblano haya decidido cambiar la reforma, pues con ello “se evitó un conflicto mayor”.
Exigen revocar concesión a Agua de Puebla
Sin embargo, dejó en claro que “el problema no es la reforma”, sino la Ley Estatal de Agua –aprobada en septiembre de 2013- con la que se avaló la participación de empresas en la administración del líquido y se concesionó el servicio en la capital a la empresa Concesiones Integrales (Agua de Puebla).
Por su parte, el diputado independiente Julián Peña Hidalgo, “agradeció” que su iniciativa de precisar la ley (presentada el 8 de marzo) haya tenido éxito, pero también recordó que la ley estatal sigue vigente y en esa “sí se privatizó” el recurso hídrico al menos en la Angelópolis.
“No es suficiente (modificar la reforma) puesto que esto no significa que el agua deje de estar privatizada; hace falta la abrogación de la ley estatal o una reforma integral que no permita la participación privada”, sentenció al mismo tiempo que reconoció como un “éxito de la organización ciudadana” el dictamen de este sábado.
Por su parte, el presidente del Congreso poblano, Jorge Aguilar Chedraui (PAN) descartó –nuevamente- la posibilidad de que la ley estatal sea derogada, pues argumentó que actualmente en la Cámara de Diputados se discute una nueva normativa en la materia y, cuando sea aprobada, la de Puebla se armonizará con la federal.
En entrevista al concluir la sesión, rechazó que la modificación al artículo 12 de la ley local sea un revés al gobernador Antonio Gali Fayad, pues fue quien promovió la reforma que provocó protestas e incluso 14 controversias constitucionales.
“No, para nada es un revés ni nada en contra del gobernador; insisto que fue una decisión política, en un acto de apertura a las exigencias de los ciudadanos”, expresó.
Se busca poner fin a protestas
Fue así que con 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó cambiar la redacción de la fracción VI, que hasta ahora dice: “establecer el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.
En su lugar, ahora dirá: “proteger el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua, para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Al quitar del texto la parte de “el Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso” se busca poner fin a las sospechas de que se podría privatizar el servicio en todo el estado.
Por otra parte, en la sesión también se aprobó por unanimidad enviar un exhorto a Gali Fayad para que “instruya” a la Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transportes (SIMT) que establezca tarifas de transporte público preferenciales a todos los estudiantes del estado.
La iniciativa contempla que los estudiantes de todos los niveles educativos, tanto de escuelas públicas como privadas, por ley paguen menos al usar cualquier tipo de transporte público, incluida la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
