Corrección a reforma constitucional del agua fue por presión social: ASA Foto: Especial

Integrantes de la Asamblea Social del Agua (ASA) de Puebla señalaron que la presión social logró que el Congreso local diera marcha atrás a la reforma del artículo 12 que “busca privatizar el agua”; no hubo sensibilidad gubernamental sino temor a corrección.

Lo anterior, durante el foro “En defensa del agua” convocado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en donde consideraron que el avance de las 13 controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como el reproche de organizaciones sociales motivaron la nueva modificación a la fracción VI del artículo 12 constitucional.

María Eugenia Ochoa García, miembro de la ASA en Puebla, expuso que el artículo 4 la Constitución federal tiene dos componentes fundamentales: uno, tiene que ver con las características del agua que llega a la población y otra cómo deben ser los mecanismos para garantizar ese derecho, debe haber un articulación entre lo federal, estatal y municipal e incluso participación ciudadana.

Sin embargo, en la Constitución local no se especifica textualmente la participación de dichos niveles gubernamentales ni de la ciudadanía, sino que señala que el acceso, disposición y saneamiento del se hará “en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como diciendo se asume el artículo 4 federal”.

“Ellos estaban cayendo en una contradicción que ya no podían sostener, se metieron en un embrollo, pero todo gracias a la organización ciudadana y a que municipios reaccionaron”, acotó.

Congreso local puede reformar Ley del Agua

Refirió que “es falso” que el Congreso local no pueda abrogar la Ley del Agua estatal antes de cambiar la ley nacional, pues dijo que en 2012 los diputados locales hicieron las modificaciones locales.

Indicó que si en los próximos días se aprueba la reforma, la exigencia de la ciudadanía debe ser reformar la Ley del Agua para “echar atrás” la privatización y que se dé a conocer el convenio del Soapap con Concesiones Integrales.

Por ello, llamó a los habitantes de la capital poblana a defender su derecho al agua, pues a quienes afecta actualmente la privatización del agua. Asimismo, indicó que Morena tiene una responsabilidad en ésta coyuntura y que el diputado federal, Rodrigo Adbala Dartigues es el único que se ha comprometido a construir una ley ciudadana al respecto.

SCJN “les iba a dar un palo”

En su intervención, Gerardo Pérez Muñoz, miembro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, cuestionó el compromiso Morena en los movimientos de defensa del agua y territorio como establecen sus estatutos.

Coincidió en que la nueva modificación de la reforma al artículo 12 constitucional obedeció a la presión ciudadana y no a la sensibilidad gubernamental, “les iban a echar abajo la reforma en la SCJN, cómo se vería el gobierno de Antonio Gali Fayad recibiendo un palo de la corte”.

Advirtieron que su lucha continuará y demostrarán “el mal” que le hace la empresa “Agua de Puebla” a los poblanos, para buscar eliminar la concesión del servicio en la capital poblana, pues sentenciaron que el agua es un “bien común”.

A este foro no acudieron los liderazgos de dicho partido, pese a que en la convocatoria se preveía la presencia del líder estatal, Gabriel Biestro Medinilla.

Cabe mencionar que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, señaló este miércoles que el Congreso de Puebla rectificará la reforma hecha al artículo 12 constitucional que generó la presentación de 13 controversias constitucionales ante la SCJN.

La nueva iniciativa modificaría la fracción VI que dice que el “Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”, lo que organizaciones advirtieron quitaría facultades y autonomía a los municipios.

Por lo que se propone cambiar el texto para que establezca: “proteger el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

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