El Congreso de Puebla rectificará la reforma hecha al artículo 12 constitucional que generó la presentación de 13 controversias constitucionales ante la SCJN; la iniciativa “es una medida de orden político” que fue respaldada por todas las bancadas.
Así lo señaló el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, quien señaló que, la reforma a la fracción VI del artículo 12 de la Constitución local, aprobada el pasado 6 de enero, se hizo con la “mejor” intención; sin embargo, hubo actores que desinformaron con dolo a los ciudadanos y a distintos ayuntamientos poblanos en alusión al alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres
“Políticamente hablando, de una manera doloso, se ha querido desinformar a la gente, me refiero a gente de Morena”, indicó.
Por ello, dijo, todos los grupos legislativos avalaron la iniciativa de reforma que ingresó este miércoles en la Comisión Permanente, como “una medida de orden político que busca no permitir se siga mancillando, golpeando, señalando, una reforma que, de origen, busca ayudar a la gente”.
SCJN declararía infundadas controversias
En ese sentido, destacó que jurídicamente dicha reforma constitucional “está bien hecha”, por lo que previó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararía las 13 controversias interpuestas “infundadas en inoperantes”, pues recordó que la corte no concedió la suspensión del acto reclamado por Espinosa Torres.
Cabe mencionar que Espinosa Torres fue el primer alcalde en señalar una supuesta intención de privatizar el agua en la entidad y usó el tema para realizar foros para advertir dicha posibilidad, que ha sido rechazada por el gobierno estatal.
La nueva iniciativa modificaría la fracción VI que dice que el “Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”, lo que organizaciones advirtieron quitaría facultades y autonomía a los municipios.
Por lo que se propone cambiar el texto para que establezca: “proteger el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.