No importan los agravios tras la frontera, ni los “dreamers” y quienes serán repatriados aunque en el discurso se les exprese solidaridad, tampoco la oposición de quienes afectados por las reformas estructurales, denuncian imposiciones, transgresión a derechos adquiridos, entrega del patrimonio nacional a un grupo de aliados y a empresas transnacionales. De pronto, lo que importa es ganar las “batallas que vienen” -procesos electorales- que le permitan seguir imponiendo el rumbo. Los llamados a la unidad nacional adquieren su real dimensión, la de conservar el poder a toda costa y en todo lugar y descalificar a los contendientes políticos a los que se acusa de retrógrados o demagogos.
Todo adquiere una razón política para el grupo gobernante. Lo mismo las promesas de inclusión a un sistema educativo, acceso a escuelas que carecen de soporte económico y financiero a pesar del discurso, que la presentación del “nuevo modelo educativo” en las postrimerías de la administración. La realidad empero, es necia y tozuda. Las declaraciones de los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, evidencian carencias de espacios, recursos financieros, personal docente y de investigación para atender una demanda educativa creciente. Insuficiencia confirmada por autoridades financieras de la más alta jerarquía, a pesar de la insistencia y la necesidad mostrada por los políticos. No son los únicos. La universidades autónomas, politécnicas y tecnológicas y los institutos tecnológicos carecen de recursos económicos que les permitan atender la demanda esperada y cubrir las obligaciones pactadas con su planta docente, razón que les justifica la contratación de personal -docente y administrativo- bajo el esquema de la contratación externa. El gobierno no solo presentó una propuesta de presupuesto federal -aprobada por la Cámara de Diputados- a la baja y con recortes significativos en los rubros de cultura, becas, construcción de espacios educativos, investigación, ciencia y tecnología, expansión de educación media superior y superior, servicios de educación media, superior y posgrado entre otros, sino que además, por conducto de la oficina respectiva, amenaza con suspender y/o entregar sólo el equivalente de los recursos que prodiguen sus pares locales, en ocasiones cero pesos, cero centavos y no los que requieren las instituciones de educación superior, sujetas a asignaciones estatales y federales. Estipendios que debiesen ser entregados en igualdad de condiciones, pactados entre los gobiernos locales y federal y que, en el caso de la educación tecnológica, corren en los hechos y por incumplimiento de las obligaciones de los gobiernos de los estados, a cargo de la federación.
Con la presentación del nuevo modelo educativo, la administración de Peña Nieto trataría de recuperar rectoría del Estado en materia educativa. Sin embargo, a tan sólo 20 meses de que fenezca su mandato, diversas encuestas muestran que tan sólo uno y medio de cada 10 mexicanos y mexicanas aprueba su manera de conducir los destinos del país y desestima el rumbo de la economía y la política. La reforma educativa ha sido cuestionada por grupos importantes de maestros y maestras y la Secretaría de Gobernación ha tenido que intervenir para que se modifiquen las reglas bajo las que el personal docente tendría que sustentar las evaluaciones de permanencia en el servicio profesional docente. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación -CNTE-, tras un movimiento iniciado en 2015, recupera espacios y logra el reconocimiento de prestaciones laborales suspendidas, entre ellas la regularización de pagos para más de 2500 de plazas de nueva creación y contrataciones –becas- especiales para los egresados de escuelas normales públicas.
No obstante, Aurelio Nuño señala que el nuevo modelo educativo entraría en vigor “en todo el país” en agosto del 2018, a tan sólo 3 meses de que un nuevo gobierno se haga cargo de la administración federal. El sistema educativo nacional contaría para ese momento con nuevos planes y programas de estudio obligatorios para las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior; los y las docentes habrían sido capacitados para impartirlos, aún en la zonas en las que ofrecen resistencia por contar con un modelo alternativo de educación. Las escuelas de preescolar y primaria contarían con nuevos libros de texto gratuito y se habrían seleccionado los libros para secundaria y media superior que estuviesen acordes a los nuevos programas. Se habría acabado con la burocracia generada por mandos medios y superiores de la secretarías de educación y escuelas, maestras y maestros se concentrarían tan sólo en el proceso de enseñanza aprendizaje y en un año 4 meses más, se habrían construido nuevas reglas de convivencia entre los actores de la política magisterial y el gobierno.
Si no fuese porque el país está a poco más de 3 meses de un proceso de votación que pudiera cambiar el destino del gobierno de 4 entidades de la república y apuntar las condiciones en las que se daría la elección presidencial del 2018, ingenuamente se podría pensar en la existencia de un gobierno preocupado por sus connacionales repatriados a los que daría algo más que un “boleto de transporte y 2 400 pesos para gastos”. De manera cándida se podría suponer que ese mismo gobierno estaría preocupado por generar condiciones para que niños, niñas y adolescentes tuvieran acceso a una educación libre, comprometida socialmente, crítica, humanista, científica, solidaria, laica, gratuita, incluyente, orientada a la mejora de las condiciones de vida de mexicanos y mexicanas, por encima de los intereses que tienen las empresas de las naciones imperialistas incluidos los Estados Unidos de Norteamérica. Se podría pensar que lo que está en juego sería algo más que el interés de un grupo por conservar el poder y ganar una elección. Lo que está en juego es el destino de una nación frente a un gobierno fallido que recurre mediáticamente a las promesas vanas.
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