Entre 2012 y 2014 se registraron en México 615 agresiones contra defensoras de derechos humanos en 16 estados, de los cuales Oaxaca es líder con 308, es decir concentra el 49.9 por ciento del total, mientras que Puebla ocupa el séptimo con 12 ataques.
Así lo dieron a conocer Rita Amador López, líder de la organización “28 de Octubre”, Anita Hernández Morales y Susana Mejía Flores del Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres (Cadem), integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.
Señalaron que, en el país, hay una “severa crisis” sobre dicho tema, ya que México se ubica en el segundo lugar, entre cuatros naciones donde se tienen registrados agresiones, pues está sólo por debajo de Guatemala con 633, mientras que Honduras se ubica en tercero con 318 y El Salvador con 122 es cuarto, todos en el mismo periodo.
Lo anterior, como parte de la presentación del “Diagnóstico Nacional de Agresiones contra Defensoras de Derechos Humanos en México”, en el cual se informó que de 2012 a 2014 los casos incrementaron en 261 por ciento.
De acuerdo con el informe presentado por las activistas, en 2012 se registraron 118 casos, para 2013 la cifra aumentó a 189 y en 2014, el número subió a 308 agresiones.
Los primeros lugares
Después de Oaxaca, la Ciudad de México es segundo lugar con 94, mientras que Chihuahua con 30 se ubica en tercero, en tanto, Guerrero con 23 se coloca en cuarto, seguido de Veracruz y Nuevo León, ambos registran 20 agresiones. Posteriormente está Puebla con 12 casos y Chiapas con 11 en séptimo.
En contraste, los estados donde menos casos de agresiones a defensoras de derechos humanos se registraron son Campeche, Michoacán, Durango y Guanajuato todos con dos, seguidos de Campeche, Colima y Yucatán con tres, mientras que Hidalgo registró cuatro.
Entre las agresiones registradas se encuentra, en primer lugar, la intimidación y hostigamiento psicológicos con 196 casos; en segundo lugar, las calumnias, señalamientos y campañas de desprestigio con 93; en tercero se encuentran las amenazas, advertencias y ultimátum con 83, seguido de las restricciones a la libertad de expresión con 38 y en quinto, la detención ilegal y arresto con 25.
Las activistas mencionaron que de los 615 casos registrados entre 2012 y 2014, 299, lo que representa el 48.6 del total, fueron cometidos por servidores públicos como policías con 127, autoridades estatales con 59, municipales con 51, funcionarios federales, 45 y militares, 17.
Gobiernos, obligados a garantizar protección
Al respecto, Amador López, Hernández Morales y Mejía Flores mencionaron que los gobiernos estatales tienen la obligación de garantizar la protección de las defensoras de los derechos humanos, además de reconocer a las féminas que se dedican a ello y hacerlo con una perspectiva de género.
Por lo anterior, las activistas exigieron al gobierno federal a acatar las recomendaciones y llamados de organismos internacionales como la ONU y la Organización de Estados Americanos, para la protección de defensoras de derechos humanos.
Así como que promueva las visitas de las expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, se sancione penal, civil y administrativamente a los funcionarios públicos que obstaculicen la implementación de las medidas de protección.
Además, que en el mecanismo de protección para personas defensores de derechos humanos se diseñen las medidas de seguridad tomando en cuenta el género, el origen étnico y el contexto comunitario y de las familias de las víctimas.
Pidieron que se impartan programas de formación con perspectiva de género al personal, en particular a quien realice los análisis de evaluación de riesgo.
Afirmaron que las autoridades deben incluir en los planes de seguridad medidas que garanticen la investigación pronta y expedita de los ataques violencia contra estas personas, a fin de lograr la justicia porque no hay una preparación en este tema.
