Paula Angelina Sánchez Silva fue violada en 2011 por siete hombres, pero dos de sus agresores están libres, pese a que ya fueron identificados por la FGE de Puebla; en el estado, de 2010 a 2015, se registraron 13 mil 910 denuncias por este delito.
Así lo acusó el grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados que denunció el caso de la joven de entonces 15 años.
El 17 de junio de 2011, narró Morena, una banda delictiva –encabezada por Roberto González Flores, mientras que José Luis González Rivera es integrante de la misma– asaltó la casa de la víctima ubicada en La Calera.
La joven se encontraba junto con la empleada de limpieza y su hija, mientras sus padres, María Cristina Silva y Francisco Sánchez trabajaban en un sanatorio, propiedad de la familia.
Los sujetos golpearon a Sánchez Silva y encerraron a la empleada doméstica y a su hija. El ataque fue directo contra la adolescente a quien le preguntaron por el parentesco familiar con su abuelo Ángel Sánchez Ortiz y su padre Francisco Sánchez.
La joven logró zafarse las ataduras que le habían amarrado en sus pies y sus manos. Los asaltantes se marcharon creyéndola muerta. Consiguió cruzar hasta la casa de sus vecinos para pedir auxilio y llamar a sus padres, quienes llegaron a auxiliarla.
Por estos hechos se abrió una averiguación previa con número AP-916/2012/AESEX en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, sin embargo, la familia acusó que la indagatoria ante la Agencia Especializada en Delitos Sexuales todavía fue peor.
Las agentes Rosa Aurora Espejel y la sicóloga Jésica Rabanal maltrataron aún más a Sánchez Silva y a su madre, ya que no creían en la versión de la joven.
“Su madre asegura que en el Ministerio Público les dijeron que debían estar agradecidos porque a Paula la habían violado con las manos y no con los genitales de los agresores”, indicó el punto de acuerdo propuesto por el movimiento lopezobradorista.
Una semana después, durante una diligencia, la joven reconoció a González Flores como uno de los agresores y descubrieron que tenía contacto con la familia de Paula ya que había sido paciente en su nosocomio; no obstante, estuvo preso sólo 24 horas.
13% de denuncias prospera
Los legisladores citaron datos oficiales, indicando que de enero de 2010 a junio de 2015 se registraron 12 mil 910 violaciones sexuales de las cuales 8 por ciento ocurrió a mujeres de entre 16 y 30 años de edad, pero en 9 de cada 10 casos la investigación no prosperó, según el Primer Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
En cuanto a los casos que llegan al tribunal, sólo 13 por ciento de las denuncias por violencia sexual en el estado prospera, esto significa que 9 de cada 10 no están ni cerca de acceder a la justicia y aún cuando las investigaciones lleguen a los tribunales, eso no significa que exista una sanción, pues falta que se dicte sentencia y ésta puede ser condenatoria o absolutoria.
El mismo estudio refiere que de cada 100 agresiones sexuales cometidas en México, sólo seis son denunciadas y tres de ellas llegan a ser consignadas.
El hecho de que pocos casos de violencia sexual lleguen a los tribunales se debe a que no hay mecanismos de protección para que las víctimas sigan su denuncia, las pruebas forenses son limitadas y falta personal, no se siguen los protocolos de investigación y se busca la conciliación con los victimarios, existe revictimización y la dilación en los procesos, lo que cansa a las víctimas e incluso está el encubrimiento.
Exigen a FGE justicia
Por lo anterior, Morena exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla a cumplimentar las órdenes de aprensión en contra González Flores y González Rivera, giradas por el juez noveno de lo Penal del Fuero Común en el Estado de Puebla por el delito de violación tumultuaria cometido en agravio de Sánchez Silva, acreditadas en la averiguación previa AP-916/2012/AESEX.
También, pidió al gobierno del estado garantizar la integridad física de la víctima de violación tumultuaria en 2011, así como de la seguridad física de su familia.
Finalmente, solicitó a la FGE que, a través de la Visitaduría General, investigue la actuación de las agentes Rosa Aurora Espejel, Juan Luis Galán y la sicóloga Jésica Rabanal, así como de todos servidores públicos que estuvieron a cargo de la indagatoria y que, por negligencia, permitieron la huida de los culpados.
