Mientras que autoridades educativas anunciaran el cese fulminante de maestros y maestras que no hubieran sustentado la evaluación de permanencia a la que fueran convocados de acuerdo a lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 8 transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Auditoría General de la Federación (ASF) “pasara lista” al personal docente en cada uno de los centros de trabajo escolares, pagados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y diferentes medios de comunicación formal dieran cuenta del encarcelamiento de un docente que obtuviera un salario más alto que el del presidente de la república; Juan Manuel Portal, titular de la ASF, admite en el informe de la cuenta pública 2016, que 378 de los fincamientos de responsabilidades resarcitorias del período 2001-2013, siguen pendientes. El cuadro respectivo acota que “de los 1612 resueltos, 1007 han sido impugnados a la fecha” y recuperado, con cargo a la entidad fiscalizada un total “$1,770,268,143.62”, derivados fundamentalmente del procedimiento de substanciación simulada en muchas ocasiones, al que recurren las entidades auditadas.
Hasta ahí, todo indicaría que cada uno tendría que rendir cuentas de acuerdo a su responsabilidad. El personal docente estaría “obligado” bajo la normatividad establecida en la Lgspd, a sustentar las tan cuestionadas evaluaciones de permanencia con las que conculcaron derechos laborales adquiridos por los mentores de México. El personal docente del sistema público debería asistir con regularidad a cumplir con sus obligaciones laborales así como impartir “clases” con la calidad requerida -aunque no estipulada- por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no desempeñar, con cargo al erario, ninguna otra actividad que no fuese la de ser docente frente a grupo. Las autoridades educativas estarían obligadas a dotar a las y los educandos con los materiales didácticos, incluidos libros de texto y útiles escolares, la infraestructura educativa adecuada. Infraestructura que incluiría talleres y laboratorios, planta física, mobiliario adecuado, sanitarios, agua potable, luz y acceso a Internet, plaza cívica e instalaciones administrativas. También de conformidad al artículo 3 de la Constitución, las autoridades educativas están obligas a capacitar y actualizar permanentemente a maestras y maestros a su servicio, a contar con personal directivo adecuado y con una administración escolar eficaz y eficiente que “garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”, en aras de cumplir con el interés superior que para la nación representan niñas, niños y adolescentes según reza la propaganda oficial.
Empero, las noticias derivadas de la presentación del Informe General de la Cuenta Pública 2015 por parte de la ASF, parecerían abonar en sentido contrario. Mientras que por un lado se exige a maestras y maestros calidad y cumplimiento irrestricto en el desempeño de sus funciones y se les conmina a presentar evaluaciones descontextualizadas, no fiables ni validadas, so pena de ser separados del servicio sin responsabilidad para la autoridad educativa, por otro parte se solapa que esas mismas autoridades (Emilio Chuayffet Chemmor) entregasen en 2015, recursos presupuestarios a cuatro programas: “Diseño, Construcción, Certificación y Evaluación de la Infraestructura Educativa, Escuelas Dignas con un presupuesto ejercido de 3,829 millones de pesos, a cargo del Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa (INIFED) y los programas de la Reforma Educativa y Programa de Inclusión y Alfabetización Digital bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con un presupuesto ejercido de 9,852 millones de pesos”, presuntamente con la finalidad de mejorar infraestructura y equipamiento de los planteles escolares, prodigados sin contar con un “diagnóstico integral y actualizado sobre el estado de las condiciones físicas y el equipamiento de las escuelas públicas de educación básica”, cuestión que fomenta la opacidad en el ejercicio de los recursos e impide, a juicio de la auditoría superior “determinar si las obras realizadas y los bienes entregados atendieron las necesidades de las escuelas”.
Algo parecido sucedería con las famosas tabletas electrónicas (Programa de Inclusión y Alfabetización Digital instrumentado por @prende.mx,) responsabilidad de la administración de Chuayffet Chemmor. A pesar de los fracasos de programas previos como Enciclomedia, Aulas Telemáticas y Habilidades Digitales para Todos que representaron erogaciones por más de 30 mil millones de pesos, el PIAD -señala la ASF- “careció de información, indicadores y metas para evaluar el grado en que contribuyó a favorecer el aprendizaje de los alumnos de quinto grado de primaria que recibieron las tabletas electrónicas.” (http://www.jornada.unam.mx/2017/02/17/politica/010n3pol) y se entregaron sin conocer la disponibilidad de servicio eléctrico en las “30 mil 632 primarias públicas participantes en 15 estados”. El informe destaca que el 54.1 por ciento de las escuelas beneficiarias carecía de Internet, además de la ausencia de metodología para seleccionar los 497 contenidos educativos incluidos en las tabletas. Independientemente de lo señalado, las tabletas no tuvieron una razón educativa al carecer maestros y maestras de una “solución de aula” que permitiera su uso. Los niños y las niñas utilizaban las tabletas para jugar, pronto fueron extraviadas, robadas, vendidas y/o empeñadas.
Medidos con diferentes varas. Para Emilio Chuayffet Chemmor “justicia y gracia“, para maestros y maestras “justicia a secas”, máxima juarista que parecería aplicarse a la administración de Peña Nieto.
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