En Puebla, la reforma al artículo 12 constitucional que establece que el agua es un derecho para los ciudadanos ha generado inconformidad en diferentes grupos sociales. El argumento es que la adición de la fracción sexta a dicho artículo señala que el Estado regulará las bases para el acceso y uso equitativo de este recurso natural.
El tema del agua es un foco rojo en el estado de Puebla después de que durante el gobierno de Rafael Moreno Valle el abasto en la capital y zona conurbada se concesionó a la empresa Concesiones Integrales –Agua de Puebla—, sin mejorar el servicio ni la infraestructura hidráulica, encareciendo su costo y todavía el Soapap le debe mil 803.6 millones de pesos a Banobras, cuando se prometió lo contrario.
Por ello, ese tema debe ser uno de los prioritarios de la administración estatal de Antonio Gali Fayad. El descontento en la capital poblana, como en los municipios conurbados, sobre todo en Coronango, se percibe a flor de piel. Lo anterior también es porque el trabajo de los ediles ha dejado mucho que desear, además de que la disponibilidad de este recurso natural empieza a bajar en varias localidades.
El argumento de que el gobierno del estado se llevará el agua de los pueblos para la ciudad adquiere fuerza, primero, porque eso sucede desde hace varios años en localidades como Xoxtla y San Francisco Ocotlán y, segundo, porque Concesiones Integrales está perforando nuevos pozos en municipios como Cuautlancingo, con el fin de usarla en la capital poblana.
Uno de los pozos que perforó se encuentra en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, el cual se conectará con el Acuaférico, a lo que pobladores se oponen al señalar que en el municipio empieza a escasear el agua.
El fin de semana pasado, en Coronango, sesionó de manera extraordinaria el Cabildo y revocó el aval que había dado a la reforma del 12 constitucional, al señalar que la misma permite la “privatización” del vital líquido. El edil de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, fue el primero que señaló que dicha reforma busca “privatizar” el agua.
El punto es que este descontento crece por el temor a dicha “privatización” y no solo en los municipios conurbados, sino en otras localidades del norte y sur del estado.
Diferencias entre la Constitución local y federal
El párrafo que se añadió al artículo 12 de la Constitución de Puebla es:
“VI.- Establecer el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.
El temor es por la palabra Estado. En forma técnica, Estado se refiere al conjunto de normatividad e instituciones que regulan la vida social de un país, pero, los grupos sociales aseguran que ese párrafo significa que el gobierno estatal distribuirá el agua y por ello, la podrá “privatizar”. Lo anterior porque toman en cuenta los antecedentes del gobierno de Rafael Moreno Valle que concesionó el servicio en la capital poblana.
El nuevo gobernador, Gali Fayad, dijo –cuando mandó la iniciativa al Congreso local– que la intención de la reforma era garantizar el derecho al agua en el estado, como ya lo establece la Constitución federal, después de que la CNDH señalara que hacía falta dicho cambio en la normatividad local.
El párrafo sexto del artículo 4 de la Constitución de México dice:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
Buscan prebendas
En la de Puebla, también se indica que el “Estado” garantizará ese derecho conforme a la ley, aunque faltó poner que será con “la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los ciudadanos”.
Con esa modificación, las organizaciones y los ciudadanos estarán más tranquilos; de lo contrario, grupos políticos se aprovecharán del tema y no necesariamente para beneficiar a la sociedad, sino para debilitar al gobernador Gali Fayad y obtener prebendas.
Aunque, también es importante decir que para cumplir con esa reforma es necesario modificar la Ley del Agua para el Estado de Puebla, pues en la misma no se reconoce al vital líquido como un derecho, sino como un bien que se comercializa.
Ya las organizaciones Asamblea Social del Agua y Agua para Todos han presentado propuestas en este tema que se deben revisar.
