Los cobros de Agua de Puebla, además de ser injustos, son ilegales porque los vecinoss del norte de la capital pagan 400 por ciento más que los del oriente, muchos no reciben su estado de cuenta, les cambiaron los medidores y siguen con desabasto.
Así lo denunció María Eugenia Ochoa García, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA), quien calificó como “el robo del sexenio” de Rafael Moreno Valle la concesión del líquido que el gobernador panista otorgó a la empresa Concesiones Integrales.
En rueda de prensa, como parte de los foros ciudadanos para “evaluar” la gestión morenovallista, acusó que a pesar de que el Congreso local avaló las tarifas del servicio en septiembre de 2013, cuando fue dada la concesión, éstas no se respetan, ya que hay cobros diferenciados.
Explicó que en la zona norte de la Angelópolis, el agua cuesta 200 por ciento más que en el sur, 300 más que en el poniente y 400 más que en el oriente; es decir, el agua vale hasta 500 por ciento más de lo que costaba antes de la concesión.
Servicio empeoró, insisten
Ochoa García señaló que contrario a lo anunciado por el gobierno de Moreno Valle, el servicio “empeoró”, ya que a más de 2 años de que Agua de Puebla lleva operando, hay desabasto, fugas y el líquido llega en mal estado debido a que no se da mantenimiento ni se sustituye la tubería.
Asimismo, porque no se ha invertido en plantas tratadoras de agua, cuando la “creación y remodelación de infraestructura” está dentro de las condiciones de la concesión
En lugar de ello, profirió, el agua que reciben los poblanos no es potable, o sea, no es apta para consumo humano, ya que presenta una alta presencia de sales de calcio y magnesio, que en un consumo prolongado puede provocar cálculos renales o aumentar la incidencia de ataques cardiacos.
RMV, recordado por “privatizar” el agua
Y es que en la reforma a la Ley de Aguas presentada por Moreno Valle el 11 de septiembre de 2013 al Congreso local y aprobada por este al día siguiente, el Soapap –encargado del servicio anteriormente– no contaba con los recursos para invertir en infraestructura y brindar un mejor servicio, pero Concesiones Integrales sí, lo cual –enfatizó- no se ha cumplido.
Por el contrario, apuntó Ochoa García, se sustituyeron los medidores, los cobros pasaron de ser bimestrales a mensuales, las recaudaciones son excesivas y el servicio, irregular, porque algunos vecinos reciben agua cuatro veces por semana y otros sólo dos, por máximo 5 horas y por la noche.
La ASA ha promovido, desde 2013, 45 amparos por costos excesivos, 44 por suspensión del servicio de forma injustificada y 22 en contra de la “privatización” del agua, es decir, en contra de la concesión dada por 30 años a Concesiones Integrales con opción a renovarla a tres décadas más.
De los primeros recursos, ganó todos, pero de los que son en contra de la concesión la ley federal le rechazó 21, por lo que aún queda uno pendiente.
Es por ello que Ochoa García enfatizó que la administración de Moreno Valle –a siete días de concluir– será recordada por “privatizar” el agua y categorizarla como una mercancía en lugar de un derecho.