En Puebla hay 233 pozos para la fracturación hidráulica, lo que lo coloca en el segundo lugar de esta actividad, que es considerada de riesgo para el medio ambiente y la población, pese a ello, es limitada la transparencia en la información a los ciudadanos.
Lo anterior de acuerdo con el estudio “El sector de los hidrocarburos en la Reforma Energética: retrocesos y perspectivas” elaborado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar.
El análisis indicó que en relación con la transparencia en la información, ésta es limitada con respecto a la ubicación geográfica exacta de los pozos y ductos, las especificaciones técnicas mínimas de cada pozo, la delimitación de los campos de hidrocarburos, la ubicación de los linderos de las rondas Cero para la exploración y extracción de hidrocarburos.
Lo anterior significa que las comunidades que pudieran ser afectadas por esta actividad no tienen información suficiente para desarrollar estrategias preventivas de defensa del territorio y no pueden entablar un diálogo con el gobierno o las empresas involucradas en estos proyectos, ni tomar decisiones informadas.
En 6 estados hay 924 pozos de fracking
Un ejemplo de la desinformación es que Petróleos Mexicanos (Pemex) realiza fracturación hidráulica o el llamado “fracking” en al menos 924 pozos en el territorio nacional, en los estados de Veracruz (349), Puebla (233), Nuevo León (182), Tamaulipas (100), Coahuila (47) y Tabasco (13). Sin embargo, la población afectada por esta actividad no ha sido informada, ya que estos datos se obtuvieron sólo a partir de que se realizaron solicitudes de información de dicho centro de estudios a la compañía petrolera.
En los primeros planes de la Secretaría de Energía (Sener) para la entrega de áreas contractuales como parte de la Ronda uno (R1), dichas áreas comprenden 68 municipios en ocho entidades federativas, principalmente Veracruz con 1.1 millón de hectáreas, seguido de Coahuila y Puebla con algo más de 90 mil hectáreas en cada estado.
Caso de la Sierra Norte de Puebla
La investigación criticó que existen casos de ejercicios de consultas derivadas de la Reforma dentro del sector eléctrico que no han cumplido con los estándares internacionales, como los de la comunidad zapoteca de Juchitán, en Oaxaca y el de la comunidad totonaca de San Felipe Tepatlán, en la Sierra Norte de Puebla.
La Reforma Energética fomenta la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la fracturación hidráulica, un proceso de extracción incompatible con la protección del medio ambiente, el desarrollo social de las comunidades cercanas a esta actividad y la lucha contra el cambio climático.
Es una actividad que, por sus características, contamina el entorno (mantos freáticos, ríos subterráneos, aire, tierra), y requiere un uso intensivo de agua. Asimismo, toda la cadena del proceso (extracción, procesamiento, transporte, almacenamiento y distribución del gas de lutitas) emite metano a la atmósfera, el cual contribuye al calentamiento global.
Escasos mecanismos de protección ambiental
Esta situación se agrava por los escasos y deficientes mecanismos de protección social y ambiental existentes en el país y debido a que no hay una democratización real y práctica sobre los proyectos de extracción. Es decir, no existen mecanismos de participación social eficiente para el diálogo y la toma de decisiones entre gobierno y comunidades afectadas por los proyectos de extracción. Al tiempo que otro agravante se agrega: la falta de información.
México cuenta con nueve estados donde se concentra la mayoría de la producción de crudo y gas: Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Nuevo León y Coahuila.
Pese a ser zonas donde se desarrolla una actividad que, en teoría, genera crecimiento económico y empleo, el índice de marginación de varias de ellas nos habla de una situación bastante diferente y contradictoria, ya que esta actividad no se ve reflejada necesariamente en la calidad de vida de la población.
Cabe mencionar que recientemente se asignaron 17 permisos más por 20 y 25 años para realizar trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos o fracking otorgados a Pemex, mientras que activistas señalan que es necesario tomar en cuenta a las poblaciones indígenas para su autorización.
