Por Alejandra Olivera
En el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso local, los 41 diputados recibieron una tableta Samsung nueva afín de actualizar el sistema de votación; el Legislativo erogó 800 mil pesos, es decir, 19 mil pesos cada una.
En entrevista, Pablo Montiel Solana, presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, defendió la adquisición de las tabletas, pues dijo la renovación era “indispensable” ya que las adquiridas en 2012 presentaban fallas.
Pese a que la diputada Socorro Quezada Tiempo, integrante de dicha comisión dijo que no fueron informados sobre este cambio, Montiel Solana sostuvo que el comité a su cargo sesionó y existe la evidencia de que fue aprobada la licitación de cuya empresa ganadora, no recordó el nombre.
En ese sentido, precisó que el procedimiento para realizar la licitación abierta para renovar el sistema, fue instrucción de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, presidida por Jorge Aguilar Chedraui.
Se licitó la adquisición de tabletas
Mencionó que entre las opciones que tenían es que la empresa que vendió el sistema en 2012 –de la que tampoco precisó el nombre—realizará una actualización del sistema, lo que significaba un costo similar a la adquisición de un nuevo software.
Mientras que la empresa que ganó la licitación ofreció la instalación del programa y la entrega de los dispositivos electrónicos, por los que se pagó 800 mil pesos, mientras que en el 2012 el Legislativo pagó más de un millón de pesos.
Finalmente, indicó que los equipos que dejaron de utilizarse están a resguardo de la Dirección Administrativa, pero no descartó que se inicie un proceso de desincorporación para que los equipos se distribuyan en otras áreas del poder legislativo.
De acuerdo a versiones periodísticas en 2012 se adquirió igual número de tabletas de la marca Acer, por las que el exlíder del Congreso, Guillermo Aréchiga Santamaría, indicó que pagaron 993 mil 356 pesos más IVA para la compra de dicho equipamiento.
Cárcel por difundir imágenes sexuales sin consentimiento
En la sesión pública ordinaria, el diputado priista Sergio Céspedes Peregrina, presentó una iniciativa para castigar hasta con cuatro años de cárcel a quien difunda fotografías o videos con contenido sexual sin el consentimiento de su pareja, por ser un ultraje a la moral pública y contra la privacidad sexual.
Lo anterior derivado del fenómeno social denominado “sexting”, el cual consiste en la generación de fotos o videos propios en actitudes sexuales cuya finalidad es destinarlo a una pareja sexual, sentimental o inclusive a personas con vínculos de confianza.
Por ello, propuso que se modifique la sección primera del capítulo séptimo del Libro Segundo Código Penal del Estado, en donde se precise que “comete delito contra la privacidad sexual quién o quiénes publiquen, hagan difusión o compartan a través de cualquier medio electrónico, imágenes y videos que impliquen actividades sexuales o prácticas sexuales de personas, sin su consentimiento, se impondrá de 2 a 4 años de prisión”.
La iniciativa se turnó para su análisis y aprobación a las comisiones de Gobernación y Procuración de Justicia.
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