Fermín Alejandro García/Cuitlatlán/La Jornada de Oriente
Poco antes de la caída de Manlio Fabio Beltrones como presidente nacional del PRI, en la cúpula del tricolor se analizó el caso de Puebla como un ejemplo de la profunda crisis por la que atraviesa este partido, la cual consiste en que la política social y los resultados que ofrece el gobierno de Enrique Peña Nieto no alcanzan para ganar elecciones, para obtener votaciones mayoritarias en aquellos lugares con una alta competencia. Dicho de otra manera, el tricolor se está desinflando rumbo a la contienda por la presidencia de la República en el año 2018.
¿Por qué se utiliza a Puebla como ejemplo de la crisis del priismo? Por los siguientes parámetros:
Primero: en el estado de Puebla se tienen registrados en los padrones de los programas de política de desarrollo social y de desarrollo rural a poco más de un millón 100 mil beneficiarios adultos, que reciben periódicamente algún tipo de beneficio, ya sean económicos o en especie.
Antes de la pasada elección del 5 de junio la expectativa que había en el PRI es que por lo menos entre 600 mil y 700 mil de esos beneficiarios votarían por el tricolor. Adicional a esta cifra, se calculaba que el partido podía obtener entre 100 y 200 mil sufragios de electores que no son parte de dichos programas, pero pertenecen a la estructura priista o eran simpatizantes de la candidata Blanca Alcalá Ruiz.
La meta era llegar a 900 mil votos para derrotar al morenovallismo, del cual acertadamente se calculó que su resultado final sería del orden de los 800 mil sufragios.
Al final Alcalá perdió la elección al conseguir únicamente 643 mil votos, y de esos se estima, que probablemente solamente unos 400 o 500 mil obedecen a los beneficiarios de programas sociales. El resto se trataría de electores enojados, agraviados, desencantados con el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y que encontraron en la figura de la abanderada priista el espacio para emitir un voto de castigo.
Eso significa que más del 50 por ciento de los beneficiarios de la política social federal la reciben, pero eso no les significa ningún compromiso, emoción o atracción a votar por el PRI.
En palabras más sencillas, el dinero, los servicios, los beneficios sociales, no alcanzan –como antes– para convencer a las clases populares para que se movilicen electoralmente a favor del tricolor. Ahora lo hacen por otras fuerzas políticas o por ninguna.
Segundo parámetro: de los siete estados que perdió el PRI, en todos, a excepción de Puebla, había un gobernador priista que generaba un fuerte desgaste hacia el tricolor.
Los tres casos más emblemáticos son: Javier Duarte en Veracruz, que enfrenta anomalías en sus cuentas públicas por 15 mil 839 millones de pesos; César Duarte en Chihuahua, quien a generado un escandaloso endeudamiento de las finanzas de su estado y se especula que se compró un banco en Estados Unidos; y Roberto Borge en Quintana Roo, un mandatario frívolo, autoritario, que dividió al PRI y tiene cuentas pendientes ante la Auditoría Superior de la Federación por mil millones de pesos.
Puebla estaba a la inversa de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. En la entidad poblana el tricolor tenía la enorme ventaja de que era la fuerza opositora al gobierno morenovallista plagado de autoritarismo, de grandes abusos cometidos a costa de la salud de las finanzas públicas, y que es autor de medidas que atentan contra el desarrollo de familias, empresas y comercios, como es el caso de la privatización del agua potable.
Más allá de la larga lista de yerros cometidos por Blanca Alcalá, que desplegó una campaña electoral gris, lo que salió a flote es que el antipriismo en Puebla es mucho más poderoso y presente en la población, que la parte negativa del gobierno morenovallista.
Por esa razón el PRI en esta elección perdió algo así como el 27 por ciento de su voto duro, es decir se alejó casi un tercio de la gente que le era leal en cada proceso electoral.
La interpretación de estos dos parámetros observados en Puebla, llevan a la siguiente conclusión:
El gobierno de Enrique Peña Nieto no se siente, no se percibe, no se palpa, en los bolsillos del grueso de la población económicamente activa del país, en el mejoramiento de las condiciones de vida, en la atención al grave deterioro de la seguridad pública y de la impartición de la justicia, en la seguridad social que está en crisis y en la generación de fuentes de trabajo.
Los programas de desarrollo social de Peña Nieto son los mismos que han aplicado los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón, con diferentes nombres, reglas y requisitos, pero cuya presencia en la población es similar cada sexenio y en cada periodo gubernamental ofrecen magros resultado en el combate a la pobreza y la marginación.
Fuera de esos programas es pertinente preguntarse: ¿En Puebla dónde más se nota el gobierno de Peña Nieto? La respuesta es: en algunas obras que resultan intrascendentes y son negocios de constructoras ligadas al Grupo Atlacomulco, como es el segundo piso de la autopista y una vialidad de incorporación al Periférico que en nada impacta positivamente a la población.
En cambios donde si se siente con mucha fuerza, con mucho ímpetu, la presencia del gobierno de Peña es en los escándalos de corrupción; en que su administración no pudo hacer justicia en los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingan y una larga lista de hechos violentos; en que se dedica a perseguir a maestros de educación pública y en solapar gobernadores autoritarios.
Manlio Fabio Beltrones, al renunciar, guardó las formas tradicionales del viejo priismo, al usar un lenguaje por momentos convencional y en otros críptico. Sin embargo dejó escapar una cierta crítica al gobierno de Enrique Peña Nieto al indicar: “Lo que hacen los gobiernos, sus partidos lo resienten”. Una frase que hace un correcto diagnóstico.
Para mayor información:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/06/21/puebla-es-el-prototipo-de-la-crisis-politica-que-sufre-el-pri/
