Fermín Alejandro García/Cuitlatlán/La Jornada de Oriente
Rafael Moreno Valle Rosas ha empezado a mover sus piezas en el tablero del ajedrez de la política nacional para intentar garantizar la sucesión de la gubernatura en el año 2018 a favor de su esposa Martha Erika Alonso haciendo valer dos factores claves: el control que tiene de casi un tercio de la militancia del PAN en el país y la alianza que mantiene con el grupo político del presidente Enrique Peña Nieto.
El acuerdo que tiene con Los Pinos no se va a agotar con haber ganado la elección de gobernador de este año, frente a un PRI descafeinado, sino buscará que se prolongue a la sucesión local de 2018 y de esa manera siga teniendo el control del gobierno de Puebla –o mejor dicho de sus fondos económicos– para que ahora sí en el año 2024 busque ser candidato presidencial, luego de que no logró posicionarse para la contienda que se avecina en un par de años.
Dentro del PAN Moreno Valle tiene como principal fuerza haber hecho alianzas –a lo largo de los últimos tres años– con varios legisladores y gobernantes del PAN –mediante ayudas financieras y de operación política a sus campañas electorales– y eso le habría permitido a su grupo meter las manos en la última hechura del padrón de militantes panistas.
Se dice que el grupo morenovallista habría inflado el padrón de militantes en Puebla, Veracruz, Nuevo León, Tlaxcala e Hidalgo. Se estima que con ello podría estar controlando la movilización de casi 30 por ciento de miembros del albiazul.
Por razones desconocidas los dos últimos presidentes del PAN, Gustavo Madero y Ricardo Anaya, pese a que se iniciaron procesos legales contra la alteración no legal del padrón y en su momento mostraron sus desacuerdos con el tema, tampoco le dieron la suficiente fuerza a esta situación para emprender una investigación, parar las anomalías y sancionar a los probables responsables.
Ahora ese control de una parte de la militancia nueva, flotante, le permite a Moreno Valle ser un factor de decisión en el proceso de elegir al próximo candidato presidencial del PAN. Eso es lo que generó las condiciones para que exista una alianza entre el presidente nacional panista Ricardo Anaya y el gobernador de Puebla, tendiente a buscar que el primero de ellos se convierta en el abanderado albiazul para la contienda de 2018.
Y esa condición le permite al grupo morenovallista cumplir el pacto que tiene con el grupo de Los Pinos, consistente en salir a combatir e intentar frenar las aspiraciones presidenciales de Margarita Zavala, quien es vista en el PRI como un serio riesgo para que el tricolor retenga el Poder Ejecutivo Federal.
De paso, el mandatario poblano está poniendo en el centro de esos acuerdos y negociaciones el nombre de su esposa como la candidata del PAN al gobierno del estado. Sobre todo para que el PRI siga siendo una oposición dócil de aquí a la próxima contienda electoral.
La Secretaría de Infraestructura quiere negar lo innegable
Antier recibí la siguiente carta:
Fermín García
Director Editorial
La Jornada de Oriente
En referencia al contenido de la columna de opinión “Cuitlatlán” que publica su medio, me permito hacer las siguientes aclaraciones.
Es falso que exista algún riesgo para usuarios y trabajadores del Centro Integral de Servicios ubicado en la antigua penitenciaría de San Javier.
La recuperación y rehabilitación del espacio se hizo respetando un enfoque centrado en el usuario, a fin de garantizar ambientes públicos amplios, de calidad, que permitan a las personas desplazarse, realizarse trámites y servicios de una manera ágil, oportuna, transparente y eficaz.
Dentro del proyecto de rehabilitación concluido el año pasado se cumplió con las disposiciones del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, particularmente con el artículo noveno, el cual establece un medida mínima de 0.75 metros para las escaleras. En el caso del inmueble, se cuenta con cuatro escaleras cuyas medidas alcanzan el 1.20 metros para seguridad de los usuarios.
En cuanto al tema de los sanitarios, el reglamento establece que de 101 a 200 usuarios se deben instalar 3 excusados y 2 lavabos, e ir aumentando un módulo por cada 100 usuarios. En este sentido, cabe aclarar que el inmueble cuenta con un total de 23 excusados y 20 lavabos en ambas plantas, los cuales son suficientes para atender a trabajadores y usuarios.
Por otra parte, de acuerdo a los informes técnico–sísmico de Tehuacán, correspondiente al 15 de junio de 1999, emitidos por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el edificio no sufrió daños en su estructura durante el evento de aquél día.
Agradezco la publicación de la presente para conocimiento de sus lectores.
Claudia Lemus Hernández
Enlace de Comunicación de la Secretaría de Infraestructura y Transportes
Respuesta
Ayer volví a recurrir a mis fuentes y la respuesta es la siguiente: el espacio que se asignó para 270 trabajadores de la SEP en el antiguo edificio de San Javier tiene una sola y angosta puerta, una angosta y extensa escalera, por lo que se carece de salidas de emergencia. Además no hay baños suficientes.
La Secretaría de Infraestructura quiere tapar el sol con un dedo señalando todas las escaleras y sanitarios que en general tiene el edificio de la Ex Penitenciaría de Puebla, pero donde estarán los trabajadores de la SEP es un área no apta, con graves riesgos para la seguridad de los burócratas y usuarios de esas oficinas. Y no solo es el dicho de mis fuentes, sino de la propia Dirección General de Protección Civil del gobierno del estado.
Para mayor información:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/06/29/negocia-rmv-con-el-pan-y-los-pinos-la-sucesion-de-2018-a-favor-de-martha-erika-alonso/
