Ante la posibilidad de despojo de la tierra por la instalación de megaproyectos en la entidad, los pueblos no tienen un marco jurídico para defenderse, señaló Miguel Acundo González, líder de la CNPA en Puebla.
Por ello, indicó que la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) estatal se unirá a la marcha a favor de “ley de consulta”, pues hay un “acoso” de trasnacionales y del gobierno estatal para instalar megaproyectos en Puebla.
Mencionó que si bien la consulta está establecida, no es vinculante, por lo que no sirve; “vamos a reclamar a nivel nacional que la consulta sea expedita y vinculatoria” para que tenga efectos; insistió en que buscarán que ello se convierta a una ley nacional que tenga validez, para que campesinos y ejidatarios tengan un marco jurídico de defensa.
Sobre el modelo de consultas públicas en el proceso de evaluación de Impacto Ambiental realizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), consideró que son “amañadas”, pues son cerradas y con pocos participantes.
Añadió que el gobierno y las empresas las utilizan en su beneficio para decir que hubo consulta, cuando la gente se opone; en ese tenor, ejemplificó el caso del gasoducto Tuxpan-Tula, al cual una veintena de pueblos de la sierra otomí-tepehua-náhuatl de Puebla e Hidalgo dijeron no a la instalación, que afectaría a siete municipios poblanos.
Se unirá a marcha a favor de “ley de consulta”
Consideró que el Congreso de la Unión ha sido “omiso” en legislar sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas del país, por lo que –recordó– la CNPA se sumará a la caravana “Benito Juárez” que participará en la marcha nacional “En defensa del Territorio y Derecho a la Alimentación” para exigir la implementación de la legislación.
Dicha caravana arribará a la capital poblana el próximo 12 de octubre donde se encontrarán con otras organizaciones como la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, “Cholula Viva y Digna”, la Asamblea Social del Agua (ASA) y los profesores del Consejo Democrático Magisterial.
Cabe mencionar que, en agosto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que aunque Puebla está entre las 25 entidades que reconocen el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en su Constitución local, no hay una ley que reconozca a tales comunidades como sujetos de derecho.
