Por Gabriela Xelano @Fitoles
Pilar Oropeza Jiménez, maestra en el Instituto Salvador Allende, plantel Centro, aseguró ser víctima de discriminación por parte de directivos del instituto, quienes le negaron su derecho a seguridad social para atender su embarazo.
Oropeza Jiménez, quien hasta la fecha labora en la institución, acusó que desde hace aproximadamente ocho meses iniciaron los actos de hostigamiento por parte de las autoridades del instituto, a quienes informó de su embarazo.
En entrevista con Angulo7, la afectada solicitó al IMSS, se realice una revisión al estatus que guarda los trabajadores de la empresa educativa, pues –aseguró– hay otros casos como afiliados con un salario inferior o afiliados con una fecha posterior a la que realmente se ingresó.
La historia
La afectada explicó que acudió con María Yolanda Caro Escalona, subdirectora del lugar a quien solicitó la afiliara al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y en respuesta fue agredida verbalmente al tiempo que le reclamaba que “por qué se había embarazado si estaba trabajando”.
Ante la negativa de atención acudió con María Luisa Hernández Muñoz, directora provisional, –quien también le negó la atención–, en sustitución de Carlos Hernández Pérez, quien figura como la máxima autoridad del lugar, aunque se encuentra ausente desde hace algún tiempo.
Cabe mencionar que la docente señaló que desde hace más de cuatro años labora en dicha escuela, sin que en todo ese tiempo, la institución cumpliera con la prestación a la que tiene derecho por ley.
Amenazan con despedirla
A pesar de la reiterada negativa, la docente continuó laborando en el lugar y en diciembre de 2015 –nuevamente—acudió con los directivos para exigir la afiliación, misma que nuevamente fue negada e –incluso– la condicionaron a que buscara un remplazo para que diera sus clases o de lo contrario la despedirían.
Sin embargo durante los primeros días de enero, la docente fue obligada a continuar trabajando, sin considerar la delicadeza de su embarazo, el cual ya se había complicado y presentaba síntomas de preeclampsia.
Fue hasta el 11 de enero cuando acudió a la Procuraduría de Defensa del Trabajo, donde se dictaminó que la institución tendría que cumplir con su obligación.
A pesar del dictamen oficial, la afectada indicó que hasta esta fecha la empresa se ha negado a cubrir los gastos médicos y de hospitalización, así como tampoco se le concedió la incapacidad por maternidad que por ley merece.
Foto:Especial
