Por Jorge Santamaría Colula
El gobierno de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle, deberá de indemnizar a una madre que en 2014 perdió a su hijo por presunta negligencia en el hospital de Acatlán, además de que deberá colaborar para castigar a los responsables.
Lo anterior, luego de que, este viernes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 51/2015 dirigida al mandatario estatal.
Recordó que el 16 de abril de 2014, la agraviada acudió a las 8 de la mañana al Hospital General de Acatlán de Osorio, siendo atendida por un interno de pregrado y un médico, suscitándose el alumbramiento del bebé después de las 20:00 horas.
En la prolongación del parto, el recién nacido presentó asfixia y un paro cardiorrespiratorio; permaneció internado hasta el 26 de abril, cuando se determinó su traslado al Hospital del Niño Poblano, en la capital de la entidad, donde falleció el 16 de mayo.
La afectada –indicó la CNDH– relató que el interno de pregrado le practicó tres revisiones de cavidad, negándose a llevar a cabo la cesárea, aduciendo la falta de anestesiólogo y que su dilatación era sólo de 8 centímetros.
Por lo anterior, el organismo nacional pidió al gobierno de Puebla reparar el daño ocasionado a la madre, incluir una indemnización o compensación y se le otorgue atención médica y psicológica, además de dotar al nosocomio en cuestión de personal capacitado y suficiente, así como de equipo médico necesario.
Se deberá mejorar la capacitación al personal médico
También, la administración de Moreno Valle deberá garantizar que los expedientes clínicos estén debidamente integrados; que el personal médico se certifique y recertifique ante los Consejos de Especialidades Médicas; impartir cursos de capacitación en derechos humanos enfocados a evitar y prevenir la violencia obstétrica.
Pidió la Secretaría de la Contraloría de la entidad presentar una queja contra los responsable de los hechos, además de que el Ejecutivo estatal tendrá que darle seguimiento.
Lo anterior porque el organismo a cargo de Raúl González Pérez acreditó violaciones a los derechos humanos, a la protección de la salud de la madre y el producto del embarazo, así como una inadecuada integración del expediente clínico.
Cabe mencionar que tan solo en el primer semestre del 2015, la entidad poblana se posiciono en el cuarto peldaño nacional con un total de 10 casos de violencia obstétrica.
Foto: Especial