Los diputados federales de Puebla, Xitlalic Ceja García, Alejandro Armenta Mier y Víctor Manuel Giorgana Jiménez, condenaron el desalojo de ambulantes y exigieron que CNDH investigue a los policías y funcionarios involucrados en el operativo.
En un exhorto, los legisladores poblanos solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigue las “medidas irracionales, irresponsables y mal planificadas del Gobierno del Estado en coordinación con el Gobierno Municipal” y se remita el informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Lo anterior, consecuencia de las acciones violentas implementadas al realizar operativos contra comerciantes del Centro Histórico de Puebla, ocurridos el 22 de julio del presente año, donde policías estatales y auxiliares, durante el operativo detonaron armas de fuego, donde resultaron más de 15 personas lesionadas.
En total, los policías habrían realizado 40 disparos al aire, “mientras encañonaban a varios comerciantes que se encontraban en sus puestos sobre la calle 8 oriente-poniente”.
Por ello, aseguran que se ignoraron la Ley para proteger los Derechos Humanos, que regula el uso de la fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, así como la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla.
No hubo mediación
Los legisladores indican que Federico López Flores, líder de la organización de comerciantes Fuerza 2000, denunció que previo a este incidente no hubo pláticas con el ayuntamiento, “por lo que este día fueron sorprendidos por policías que llegaron armados y encapuchados, a bordo de varias patrullas”.
Además, acusaron que durante el ataque comerciantes intentaron comunicarse con los funcionarios del Ayuntamiento para saber qué estaba ocurriendo, pero no lo lograron pues tenían apagados sus teléfonos.
Por lo anterior, también solicitaron sea suspendido el titular de la Secretaría de Gobernación Municipal de Puebla, Carlos Morales Páez.
Señalan que tales hechos violentos solo “laceran los derechos humanos de los ciudadanos poniendo en riesgo la integridad de comerciantes, empleados, clientes, turistas y niños, donde la afluencia es mayor si se trata de periodo vacacional, siendo mayor el número de ciudadanos en peligro con este tipo de medidas irracionales”.
