Por Diana Juárez @Diana_J_M
En Puebla hay 46 mil –1.92 por ciento del nacional– servidores de la administración estatal, quienes, como cada año, están sujetos a presentar o modificar su declaración patrimonial en mayo de 2016 para garantizar la transparencia.
Germán Reyna y Herrero, vicepresidente de Canacintra Capítulo Houston, estableció que los funcionarios deben optar por una cultura del blindaje que los respalde y garantice la calidad moral de sus acciones.
Esta cultura –acotó– consiste en que los funcionarios de los niveles municipal, estatal o federal desarrollen una estrategia fiscal previa para cumplir en tiempo y forma su declaración anual, a la vez de contar con un histórico de sus declaraciones patrimoniales que les permita tener un panorama claro de la información que han presentado en años anteriores.
Resaltó que los servidores públicos que están obligados a presentar dicha información son los que laboran en la Administración Pública Federal Centralizada, en la Administración Pública Paraestatal, en la Procuraduría General de la República (PGR), en la Secretaría de la Función Pública, en la Secretaría de Gobernación (Segob) y todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos, valores y fondos de la Federación, además de personal eventual.
Reyna y Herrero citó que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que éstos no deben intervenir en la tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado.
Además, aseveró, la norma señala que esta prevención puede aplicarse hasta un año después de que el funcionario se haya retirado del empleo, cargo o comisión.
A favor de iniciativa “3 de 3”
Para el contador, la iniciativa “3 de 3”, independientemente de su aprobación en el Congreso federal, indica un precedente para las nuevas tendencias de fiscalización que afrontarán los funcionarios públicos, lo cual exige la necesidad de adoptar una cultura del blindaje que fomente la ética y la prevención.
“A pesar de que no es obligatoria aún, esta propuesta nos está previniendo que a nivel social existe el interés de transparentar cada vez más las acciones de los servidores.
Finalmente, en un país donde la democracia está caminando, el hecho de que un servidor público realice ya no sólo su declaración patrimonial, sino de intereses y fiscal, indica la necesidad de conocer cuánto gana, pago de impuestos y relaciones de compadrazgo”, finalizó.
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