Así, para qué
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que la iniciativa de Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla enviada por el gobernador Rafael Moreno Valle al Congreso local es un auténtico bodrio, que no sólo fracasará en su objetivo de combatir la corrupción, sino que auspiciará la causa de ésta: la impunidad.
El andamiaje institucional que plantea la iniciativa es absurdo, pues convierte a los servidores públicos en juez y parte del Sistema, y amaga a los ciudadanos interesados en participar, a través del Comité Estatal de Participación Ciudadana, con fincarles responsabilidades en términos del artículo 125 de la Constitución del estado.
La iniciativa prevé que las autoridades se coordinen y pongan en funcionamiento un Sistema que prevenga, detecte, investigue y sancione las faltas administrativas y los hechos de corrupción de los servidores públicos por medio de un Comité Coordinador Estatal integrado mayoritariamente por funcionarios.
De los siete miembros que lo integrarían, seis serían funcionarios: el auditor superior, el fiscal anticorrupción, el contralor, un magistrado de la Judicatura, el presidente de la CAIP, y el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. El séptimo saldría del Comité Estatal de Participación Ciudadana, pero sólo estaría en el cargo un año.
Aquí la columna completa
Priistas van al CEN; Gali libra aduana con la IP
Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que a partir de la próxima semana no solo será Jorge Estefan Chidiac, en calidad de presidente estatal del PRI, quien intente regular el quehacer político de los aspirantes tricolores al gobierno del estado que pretenden competir en la sucesión de 2018, sino que lo hará también el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
A través de sus secretarios de Operación Política y Organización, Héctor Gómez Barraza y Arturo Zamora Jiménez, en ese orden, el dirigente nacional Enrique Ochoa Reza ha decidido participar como árbitro de una contienda interna que comienza a hacer ruido entre los priistas poblanos.
Falta poco más de un año para la definición de los candidatos al gobierno del estado en los diferentes partidos políticos y el mandatario al que se va a suceder en los comicios de 2018, José Antonio Gali Fayad, aún no rinde protesta, pero la efervescencia que ya se muestra ha obligado, por lo menos al PRI, a tratar de tomar las riendas desde ahora.
Al cónclave nocturno celebrado el martes en la sede del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, que tuvo como protagonistas a Enrique Doger Guerrero, Javier López Zavala, Alejandro Armenta Mier, Alberto Jiménez Merino, Guillermo Deloya Cobián y Juan Manuel Vega Rayet (de Lastiri), le seguirá otro en la Ciudad de México.
Aquí la columna completa
Otra semana roja para la Puebla morenovallista
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, señala que mientras el gobernador saliente intensifica y viola la ley en la promoción de su imagen a nivel nacional, en Puebla la inseguridad vive uno de sus peores momentos.
El asalto que causó pánico en redes sociales el miércoles pasado, presuntamente cometido en la 33 Sur y 33 Poniente, así como la balacera en el mercado Unión, fueron dos hechos que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal negó, sin embargo, hay versiones que contradicen a la autoridad.
En un comunicado de prensa, este jueves la UPVA 28 de Octubre reconoció que sí hubo tal balacera, aunque fue en el mercado contiguo, el Unión y que aunque se dio aviso a las autoridades, la policía jamás llegó.
“La balacera ocurrida ayer por la tarde noche no sucedió en el mercado Hidalgo sino en la zona nororiente del mal llamado ‘mercado Unión’ (pues originalmente era la zona del centro comercial y de servicios del mercado Hidalgo), en la esquina de la 68 poniente y la calle 15 norte. Y se dio entre personas ajenas al mercado Hidalgo en particular, y a la UPVA ‘28 de Octubre’ en general.
Aquí la columna completa
Con el próximo gobierno la familia Martínez Amador busca consolidar cacicazgo
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que entre la clase política de Huauchinango ya se da por un hecho que el actual legislador local y ex presidente municipal Carlos Martínez Amador será parte del gabinete de Antonio Gali Fayad. Que aspira a ser titular de la Secretaría de Educación Pública o del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Espacios Educativos. Sin embargo el cargo es lo de menos, ya que su posible entrada al Poder Ejecutivo forma parte de un proyecto de consolidar un férreo cacicazgo en Huauchinango, en donde su familia se prepara para controlar todo: la alcaldía y la diputación local, así como la federal.
Una historia no confirmada por fuentes oficiales, pero que reproducen mucho los grillos, los líderes políticos de Huauchinango, dice que así ocurrieron las cosas:
Que un día previo a la pasada campaña electoral Antonio Gali Fayad buscó a Carlos Martínez Amador y palabras más, palabras menos, le habría dicho: “Necesito que me ayudes a ganar en Huauchinango”.
A lo que un lacónico Carlos Martínez Amador únicamente se limitó a tener este diálogo:
Aquí la columna completa
Chalchihuapan: expediente cerrado del morenovallismo
Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada en Diario Cambio, señala que Chalchihuapan fue la gran crisis política del sexenio morenovallista cuyos efectos aún resienten tanto las víctimas como los responsables de hundir a Rafael Moreno Valle en ese lejano 2014, cuando comenzaba a levantar el vuelo de su aspiración presidencial. La mancha de la muerte de un menor en un operativo negligente de la Policía Estatal no puede ser borrada, pero el expediente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) finalmente ha podido ser cerrado, luego que Elia Tamayo aceptó cobrar una indemnización de 1 millón 700 mil pesos por la vida de su hijo.
Esto, más de dos años después de que la CNDH emitiera una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos con 11 puntos que el gobierno estatal se negaba a cumplir por entender que lo hacía culpable. Con mejor visión política que el inefable Luis Maldonado Venegas o el liliputiense Jorge Cruz Bermúdez, Diódoro Carrasco hizo entender al primer círculo que, sin cerrar el expediente Chalchihuapan, las aspiraciones presidenciales del gobernador poblano tenían un punto oscuro difícil de aclarar.
Así, desde hace semanas logró lo que nadie había podido hacer: conducir una negociación exitosa con las comadres de Chalchihuapan, Elia Tamayo y Araceli Bautista. Con mucha mano izquierda, logró que la madre de Tehuatle le bajara a sus pretensiones de 15 millones como indemnización por la muerte de su hijo y el pago finalmente quedó en 1 millón 700 mil pesos que se ajusta a los estándares internacionales.
Con Araceli Bautista se hizo un compromiso para liberar a su hijo Jairo Javier Montes, ex presidente de la junta auxiliar Chalchihuapan, a cambio de que no volviera a hacer declaraciones mediáticas y evitara formar parte de movimientos políticos. Si incumple, regresa al Cereso porque todavía está abierta una de las causas penales que se imputan por las lesiones a policías el día del desalojo violento en la Autopista con dirección hacia Atlixco.
Aquí la columna completa
La Basura que hay Detrás de Ciertas Manifestaciones de Protesta
Mario Alberto Mejía en su columna La Quinta Columna, publicada en 24 Horas de Puebla, indica que se necesita ser mezquinos para no reconocer el logro del gobierno municipal encabezado por Luis Banck Serrato en el tema del desalojo de ambulantes del Centro Histórico de Puebla.
Durante décadas el problema del comercio informal ha sido la constante en la ciudad.
Muchos proyectos para expulsar a los ambulantes han fracasado.
Y es que los intereses comerciales y políticos terminan por imponerse.
Aquí la columna completa
