Muchas son las interpretaciones tras el regreso a clases de las maestras y maestros que se encontraban en un paro nacional indefinido, convocado desde el 15 de mayo de 2016 (día del maestro) por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
En diversos medios se lanzaron epítetos de diversa índole que denuestan al personal docente que disintiera de la reforma educativa –laboral- decretada por el gobierno federal y sus aliados. Empero a pesar de los calificativos adversos y de la oposición de los sectores más radicalizados de la CNTE, voceros del movimiento magisterial dieron a conocer acuerdos políticos adoptados (no firmados) entre representantes de la Secretaría de Gobernación, gobiernos locales y la disidencia magisterial que justificarían la conclusión de una etapa de “lucha”. Contienda que se reanudaría si los gobernantes no cumpliesen con los 11 puntos pactados en un plazo perentorio de 10 días.
Entre los 11 puntos pactados que trascendiesen a la opinión pública, el jueves 16 de septiembre, se encontrarían cuestiones trascendentes como: la suspensión de la reforma educativa hasta diciembre de 2018 (Noticiero Prisma RU, radio Unam FM), la cancelación de “todas” las órdenes de aprensión emanadas de la participación en el movimiento -habidas y por haber-, la suspensión de los descuentos salariales, el cese de las notificaciones de los despidos derivados por la participación de maestras y maestros en el movimiento de resistencia magisterial entre otros.
Previamente, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) habría suspendido el carácter obligatorio para la evaluación al desempeño del servicio profesional docente 2016 y varios miembros de los comités ejecutivos seccionales fueron excarcelados (Oaxaca). En los hechos, las órdenes de aprensión a final de cuentas fueron suspendidas después de los diálogos que sostuvieran los representantes del magisterio disidente y los de la Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, la postura adoptada por Aurelio Nuño Mayer y Enrique Peña Nieto, transita en sentido contrario. Condicionan la consecución del diálogo interrumpido unilateralmente al regreso a clases, a pesar del levantamiento del plantón que sostenían maestros y maestras en la ciudad de México; amenazan con ejercer mano dura, “firmeza” en la aplicación de la ley y establecen que, de proseguir el diálogo bajo la conducción de Aurelio Nuño, éste se daría “en foros o en los estados de origen” buscando dividir por entidades el carácter unitario de las movilizaciones de la CNTE.
Pretextos quiere Nuño Mayer para hacer parecer intransigentes a quienes considera como sus contrarios, si quienes disienten, al no tener respuestas claras regresan a las calles (en un término de 10 días), como anunciara la Coordinadora chiapaneca al notificar el regreso a clases (lunes 19 de septiembre).
Pero como lo señalaran maestros y maestras de base al decidir regresar a clases, “en los hechos” doblaron al gobierno federal y le asestaron “un golpe político”. Se jactan que “en los hechos” porque la movilización magisterial en defensa de los derechos laborales adquiridos mostró el carácter represivo de la reforma educativa y la debilidad creciente del gobierno federal y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Mientras que por un lado, dos de los partidos firmantes del Pacto por México, marginados en la toma de decisiones, pintan su raya. Partidos políticos como el de Acción Nacional, de la Revolución Democrática y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) instan al gobierno, para que por la vía del diálogo distienda las tensiones provocadas por la soberbia de las autoridades educativas, las amenazas, los ceses, descuentos salariales, uso de la fuerza pública para “blindar” sedes de evaluación, la improvisación en la notificaciones a los “agraciados” sin dejar de lado la poca confiabilidad y validación con la que fue elaborado el instrumento evaluador.
De que los métodos y las estrategias adoptados por la CNTE les han aportado dividendos, ni duda cabe, pues mientras que maestros y maestras de base de las entidades emblema para su organización (Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán) anunciaran el retorno a clases, “Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación” en Sinaloa, Chihuahua, Acapulco y Puerto Vallarta, se manifestaron “por las principales avenidas de Culiacán y Mazatlán”, exigiendo al gobierno federal la reinstalación de 52 maestros y maestras despedidos(as) por no presentarse a la evaluación de permanencia en el servicio profesional docente 2015 y la revisión de la reforma educativa, mostrando además su solidaridad con los familiares de los desaparecidos en la entidad.
En Chihuahua “tomaron ayer siete casetas de peaje para exigir que se derogue la reforma educativa y se investigue a fondo la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa“. En Acapulco “danzaron” en un grito de independencia alterno, exigiendo la derogación de la reforma lo mismo que el pago a maestros jubilados que tienen 4 años sin cobrar y pactaron (en Puerto Vallarta) el envío de una misiva por parte del presidente municipal “al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, para solicitar la reinstalación de los maestros cesados.
Herido en su orgullo, Nuño no sólo debe enfrentar el rechazo creciente que maestros y maestras muestran a la reforma que instrumentó desde su oficina en la presidencia de la república, a pesar del aparente éxito en la desarticulación de un movimiento magisterial y social que duró 124 días. Tiene también que revolver las reticencias que algunos gobiernos locales muestran al instrumentar una reforma que les enemista con amplios sectores de la sociedad y que les deja mal parados al tener que recular por negociaciones del gobierno central, a pesar de la incondicionalidad reciente a las ocurrencias gubernamentales adoptada por Gabino Cué. Nuño debe recapacitar y entender que más le valiera un mal diálogo que un buen pleito.
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