La CIDH presentó ante su corte el primer caso contra el gobierno mexicano por desaparición forzada; en 2009, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, elementos del ejército detuvieron a tres personas en Chihuahua y aún se desconoce su paradero.
El 29 de diciembre de 2009, Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en el ejido Benito Juárez, cuando visitaban a sus parientes por las fiestas de fin de año.
A siete años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) tras considerar que el gobierno mexicano no cumplió sus recomendaciones de identificar y sancionar a los responsables ni fortalecer y resolver la investigación de otros casos que generan impunidad.
En el caso no hubo autoridad imparcial
Señaló que la aplicación de la justicia para este caso violó el derecho de contar con una autoridad independiente e imparcial, además de violaciones a los derechos humanos de los familiares de la víctimas, quienes sufrieron amenazas, hostigamiento y en algunos casos desplazamiento forzado.
Detalló que la relevancia de este caso recae en que se trata de una problemática en crecimiento, que ha merecido pronunciamientos y recomendaciones de múltiples organismos internacionales y mandatos de las Naciones Unidas.
Según la Procuraduría General de la República (PGR), durante la gestión de Calderón Hinojosa hubo 26 mil 121 casos de desaparición forzada; en promedio, 12 personas desaparecieron cada día.
Además, la guerra contra el crimen organizado que lanzó en su mandato dejó cerca de 90 mil muertos y miles de desaparecidos, casos en los que se presume la participación de las fuerzas de seguridad.
Fuente: Sin Embargo
Editado por: Guadalupe De la rosa
