El próximo gobierno estatal tendría que pagar hasta 100 millones de pesos a 400 exburócratas del grupo en “Digna Resistencia” que, durante 2013 y 2014, fueron despedidos de manera injustificada por la actual administración panista.
Así lo señaló, durante una protesta frente al Tribunal Local de Arbitraje, el representante de grupo, Marco Antonio Manzano Ramírez, quien agregó que el monto por trabajador rescindido es aproximadamente de 250 mil pesos por los salarios caídos y prestaciones de ley.
Recordó que en la administración de Rafael Moreno Valle suman 14 mil personas que fueron despedidas, con argumento de que había insuficiencia presupuestal por la caída del precio de petróleo; de la cifra total, 3 mil tiene juicios laborales.
Aseveró que el grupo que representa era de mil 200 que estaban sindicalizados, pero ahora quedan 400, pues la mayoría ha decidido ya no continuar con los procesos por la “nula respuesta” de las autoridades para resolver su situación.
En ese sentido, exigió a Joel Figueroa Tentori, magistrado presidente del Tribunal de Arbitraje de Puebla, que dé una respuesta a los juicios laborales que han presentado, pues a 2 años de que fueron despedidos no han tenido una solución.
Congreso local, sin dar respuesta
Refirió que Moreno Valle “heredará” al próximo gobierno estatal una deuda con los trabajadores, pues en caso de que obtengan un resultado positivo en los juicios laborales, aunque los reinstalen deberán pagarlas los salarios caídos.
Acusó que desde el 5 de julio que solicitaron al Congreso local crear una comisión especial y que sustenten que su baja no fue por “insuficiencia presupuestal”, como señaló el gobierno, no han tenido respuesta.
Manzano Ramírez recordó que en octubre también mandaron un oficio al gobernador electo, Antonio Gali Fayad, para establecer una mesa de diálogo para analizar la reinstalación de los exburocrátas, aunque no les han notificado sobre ello, por lo que buscarán tener acercamiento en alguno de los foros ciudadanos que realice en la capital.
Durante la protesta, los extrabajadores portaban carteles con escritos como “exigimos a la autoridad impartir justicia de manera imparcial”, “por incompetente y dignidad exigimos la renuncia del presidente del tribunal” y “cuánto tiempo más, llevamos un año y ocho mes, sin respuesta, quiero trabajar”, entre otras.
