Los senadores del Grupo Parlamentario del PRI exhortaron al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, a instrumentar estrategias y políticas públicas para identificar y sancionar la venta de plazas y aviadores en la SEP estatal.
En el punto de acuerdo, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidieron al gobernador que a través de la Secretaría de Contraloría se realice una revisión de los recursos que han sido etiquetados para la contratación de personal en el sector educativo.
Lo anterior, por lo denunciado por la dirigencia magisterial de la sección 51, que aseguró que los “aviadores” están vinculados con el poder político en la entidad y en varios casos responde a “favores políticos o pago de ayudas a los titulares de las dependencias”.
Dichos casos han sido identificados, particularmente, en la Subsecretaría de Educación Superior, donde se han identificado al mayor número de “avidores”, familiares y amigos que cobran sin trabajar y sin cumplir con los requisitos mínimos como mérito académico, experiencia o perfil profesiográfico.
Sin políticas para sancionarlos
Los priistas consideraron preocupante que a pesar de que “se conoce el número, se sabe en dónde están y a que dedican sus actividades”, las políticas gubernamentales para sancionarlos son escasas e ineficientes.
Entre las personas identificadas está Javier Peña Flores, quien –de acuerdo a medios locales—es pareja sentimental de la subsecretaria y recibe un pago de 26 mil pesos mensuales desde el 2015.
Esta es la misma situación de Raúl Gelasio Pazos Huerta, jefe de la oficina y María Alejandra de Gyves Romero, sobrina de la subsecretaria, ambos con sueldos superiores a los 26 mil pesos y sin el perfil requerido.
Asimismo, advierten que entre los aviadores esta gente cercana al gobernador, como Liliana Valencia Corona, quien es parte de la red de mujeres en el PAN, y –aseguran—operadora política desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) quien recibe un ingreso por ser secretaria técnica del programa de “becas de manutención”.
También en ayuntamiento
“Esta situación es replicada en el gobierno municipal de Puebla y en el ayuntamiento de San Andrés Cholula”, –precisaron los legisladores– lugares en donde se ha identificado a Aldo Francisco Burelo quien cuenta con plazas en ambas administraciones, cobrando más de 61 mil pesos al mes .
Dicha persona, “aparece como empleado de confianza en el Ayuntamiento de Puebla con un sueldo de 27 mil 940 pesos y además percibe al menos 33 mil pesos como asesor de comunicación estratégica en San Andrés Cholula”.
Por todo lo anterior, exigieron al gobernador que de manera coordinada y transversal, instrumenten “los programas, estrategias y políticas públicas encaminadas a identificar, sancionar y prevenir diversas irregularidades como la venta de plazas, el nepotismo, el tráfico de influencias y, los denominados aviadores”.
