Debido a la “nula” investigación de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Pública sobre el “desfalco” de 720 millones de dólares a la fundación Mary Street Jenkins, se tramitó un amparo para conocer cómo se inició el caso.
Así lo señaló, Carlos Serna Rodríguez, representante legal de Guillermo Jenkins de Landa, expatrono propietario de la fundación, quien agregó que el juicio fue promovido desde hace cuatro meses, tras una carta que recibieron Moisés Macip Mena, titular de dicha junta.
En la misiva, explicó, la junta señaló que la indagatoria comprende la verificación del contrato marco de donación condicional celebrado el día 30 de abril del 2014 con la fundación Bienestar de Filantropía, así como las escrituras por las cuales se formalizaron las donaciones sobre los inmuebles que menciona, entre ellos están los predios donde se ubica la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).
El defensor explicó que lo que buscan es conocer qué fue lo que la junta trató en la sesión del 15 de abril, fecha en la que “supuestamente” aceptó la denuncia para esclarecer la transferencia, hecha en abril de 2014, de 720 millones de dólares de la fundación Mary Street Jenkins a la beneficencia “Bienestar de Filantropía”, con sede en la isla Barbados.
Añadió que la junta también notificó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Procuraduría General de la República (PGR), porque también podría haber elementos que les tocaría investigar a esas dependencias federales.
Buscan conocer inicio de investigación
“El amparo para lo único que tendrá efecto es para que nos dejen ver el desarrollo de la sesión de esa fecha y cuando lo hagan, nos daremos cuenta que no están investigando y para ello tendríamos que tramitar otro amparo para que se pongan a trabajar”, declaró.
Lo anterior, porque recalcó que William Oscar Jenkins Biddle dejó en claro en su testamento que su fortuna no podía ser usada como “herencia”, sino que estaría destinada para causas sociales.
Recordó que desde que se tuvo conocimiento de que había movimientos irregulares en el dinero y hasta la fecha se han presentado cuatro denuncias, siendo la última en 2014, ya que los 720 millones de dólares fueron donados a la fundación “Bienestar de Filantropía”, que a su vez desde diciembre de ese año mudó a Barbados sus domicilios civil y fiscal.
“La junta está investigando en opacidad total y absolutamente, pues cómo se explica usted que a la persona que presenta una denuncia con argumentos, documentos, escrituras y copias de los cheques en dos años no ha hecho nada, tenemos una autoridad que se hace de la vista gorda, a ese grado de tortuguismo hemos llegado”, pronunció.
Respuesta de amparo, hasta 4 meses
Serna Rodríguez manifestó que el amparo se tramitó contra la junta desde finales de junio y aunque –dijo– podría tener una resolución en un par de meses, “la forma de que funciona el sistema de amparo en este país, este amparo podría irse a revisión aunque ganemos estamos hablando de cuatro meses”.
Reiteró que cuentan con los documentos donde se detalla cómo se llevó a cabo el desvío de los 720 millones de pesos, pues son 89 páginas sustentadas, por lo que es una obligación de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Pública verificarlo, sin embargo no están cumpliendo con la parte administrativa que les toca.
“Por estos hechos tendría que haber responsabilidades administrativas que se convertirían en una sanción administrativa, lo que implicaría que los patronos queden removidos de la fundación”, pronunció.
Cabe mencionar que de acuerdo con las obligaciones de la junta, una de ellas es vigilar que las instituciones cumplan con las disposiciones de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado Libre y Soberano de Puebla, así como comprobar si los objetivos de la institución están siendo realizados.
El abogado aseveró que Jenkins de Landa no pretende recuperar el dinero para que su beneficio, sino para cumplir con el testamento que dejó su abuelo, por lo que los recursos son de los poblanos y deben ser utilizados para causas sociales.
Es necesario recordar que Jenkins de Landa denunció que fue removido como patrono propietario de la fundación Mary Street Jenkins y acusó que su familia usó prestanombres para hacer la transacción a una nueva fundación con el objetivo de quedarse con la fortuna que creó su abuelo.
