A pesar de la perceptible molestia ciudadana con los gobernadores en general, y con la opacidad que rodea a sus gestiones, estos se dedican en más de un caso a emplear recursos de dudosa procedencia para promocionar sus ambiciones personales.
Esta situación ciertamente no es nueva, pero cada vez parece más aceptada, como si se fuera normalizando, evitándose en algunos casos guardar las formalidades pertinentes.
El caso concreto del actual gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, salta a la vista en este sentido. Aún sin concluir su administración, y sin saber de dónde están saliendo los recursos que está empleando, el gobernador poblano ha decidido lanzarse sin simulaciones a hacer precampaña para la presidencial de 2018, repartiendo relojes y pagando por aparecer en espectaculares que claramente hacen alusión a su sueño de convertirse en el siguiente presidente de nuestro desvalijado país.
Ahora bien, hacer este tipo de campañas fuera de los tiempos y el rigor que marcan los calendarios institucionales está penado de diversas maneras; sin embargo, ha quedado clara ya la inoperancia de instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ), más aún con tan lamentables precedentes como el monexgate o las flagrantes violaciones del Partido Verde a las reglas y topes de campaña que al final se pasaron por alto y fueron, en el mejor de los casos, simbólicamente reprendidas. Ante unas instituciones que abdican de su papel de árbitros en el juego electoral, las trapacerías y violaciones adquieren luz verde para los políticos interesados.
Un pacto de impunidad protege a los políticos no sólo en sus negocios personales y desvíos, sino también en sus constantes burlas a la ley. Aquellos que se supone deberían poner el ejemplo respecto al apego al Estado de derecho, resultan ser los primeros en demostrar que en éste país, si perteneces al grupo de los privilegiados, la justicia no puede tocarte, y en el raro caso de que intente hacerlo siempre habrá la posibilidad de “fugarte” ante los ojos y las manos pasivas de las autoridades.
No deja de resultar paradójico, por otro lado, que cuando Andrés Manuel López Obrador –otro político que desde la ambigüedad que le permite su puesto de jefe de partido ha hecho promoción de su persona desde hace ya un tiempo, al igual que Ricardo Anaya del PAN− atacara a Rafael Moreno Valle en diversas ocasiones, éste revirara diciendo que él “sí respetaba a las instituciones del país”. Sería interesante conocer cuál es la idea que tiene el gobernador poblano sobre el respeto a las instituciones en la actualidad, especialmente ahora que se pasa por el arco del triunfo las leyes electorales y que regulan los tiempos y las formas de las campañas políticas.
Al final todo esto demuestra cuán retrograda sigue siendo nuestra cultura política. También refleja el drama de una sociedad atrapada por una partidocracia mediocre y delincuencial, representada por una clase política tremendamente ambiciosa y cada vez más cínica donde pareciera que la vieja expresión de la época colonial “obedezco, pero no cumplo” sigue siendo hoy por hoy un elemento clave de su manera de gobernar y hacer política en pleno siglo XXI.
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