En los casos de los presuntos 67 feminicidios en Puebla, no sólo se debe de brindar a las familias de las víctimas el acceso a la justicia, pues el Estado y las autoridades estatales también deben de dar un acompañamiento psicológico y emocional.
Así lo señaló María del Rosario Arrambide González, responsable de Orientación Jurídica y Psicosocial del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla.
En una entrevista para Ángulo 7, Arrambide González indicó que es una obligación de las autoridades estatales acompañar a las familias de las víctimas de un feminicidio para que reciban una atención integral e interdisciplinaria –en asesorías jurídica, justicia, psicoemocional, social, médicas, educacional y económico– para el restablecimiento de sus derechos humanos, porque se convierten en víctimas indirectas.
Agregó que el feminicidio tiene un fuerte impacto en la vida familiar y social, es decir, en el espacio en donde se desenvolvían las víctimas, por lo que el Estado debe poner al alcance las medidas mencionadas y agotar los medios a su alcance para reestablecer la estructura familiar, pues dijo que pocas veces se repara integralmente a los parientes.
Arrambide González apuntó que dichas medidas de rehabilitación también deben ir acompañadas por políticas que eviten la repetición de los hechos, así como sostuvo que se debe garantizar el derecho a la verdad para agotar las instituciones con el fin de que los familiares sepan que es lo que sucedió y se sancione a las responsables.
Lo anterior, profirió, con el objetivo de redignificar la memoria de las víctimas.