México atraviesa una profunda crisis de valores que se ve reflejada en el cinismo de la clase política y de algunos de sus centros de reproducción social e ideológica por excelencia: las universidades.
A raíz de que la semana pasada la periodista Carmen Aristegui y su equipo revelaron que, alrededor del 20% de la tesis que le sirvió a Enrique Peña Nieto para ser reconocido como licenciado en Derecho por parte de la Universidad Panamericana, fue un vil plagio, se desató una ola de comentarios y críticas, algunos hacia el impostor presidente, pero otros −y no pocos− hacia la investigación y sus autores, calificando a la misma de “intrascendente” o “sin importancia”, como lo dijo el secretario de educación pública, Aurelio Nuño.
Estas críticas parten de la idea de que en México hacer trampa es una posibilidad legítima para obtener la satisfacción de nuestros intereses, sean estos un puesto, una casa, o un título que te avala como profesional en un campo específico del conocimiento –un aval que es dado con la autoridad de académicos “serios” en la materia, y por una institución educativa de supuesto prestigio−.
La intrascendencia del tema también parece justificarse en la idea de que la clase política, especialmente la figura presidencial, es intocable y tiene todo el derecho a violar reglamentos, estatutos y leyes a conveniencia, sin que se le pueda criticar nada. En otros países una situación similar ha llevado incluso a la destitución de jefes de Estado –como en el caso de Hungría−, pero aquí eso es un asunto “sin importancia”.
Y parece que no sólo no le preocupa a la élite política, sino también a la académica y educativa, salvo algunas honrosas excepciones. Esta misma semana la Universidad Panamericana, después de haberse visto presionada a revisar el caso del plagio de Peña Nieto, concluyó que sí hubo tal, pero que no se puede hacer nada contra “un hecho consumado”.
Al parecer, según las autoridades que hicieron la supuesta revisión, las leyes y reglamentos no tienen memoria, ni son vigentes si no es en tiempo presente, es decir, en el momento en que “se consuma el acto”, aunque a numerosos profesionistas se les ha retirado su cédula y título cuando se les ha comprobado que cometieron actos semejantes en momentos pasados de sus carreras, esto no aplica para el presidente según los doctos de la Panamericana, y para sus líderes estudiantiles que difundieron un video donde jamás dieron una postura crítica con su propia universidad ni con el hecho mismo.
Esta crisis de conciencia parece estar afectando a otros centros educativos. Ante la noticia, la mayoría de instituciones educativas del país, especialmente del nivel superior, han permanecido calladas en un tema que más allá de lo político, tiene profundas implicaciones educativas y académicas. El plagio, como forma de legitimarse en un gremio y ocupar un lugar en el mismo, es una práctica deshonesta que lastima la ética y el profesionalismo de las instituciones, los profesionistas y la sociedad en su conjunto, amén de las consecuencias que para la democracia y la transparencia pueda tener esto en el ejercicio de la política, ya de por sí bastante corrupta y deshonesta.
En el caso de Puebla, por ejemplo, hasta el momento sólo el rector de la Universidad Iberoamericana se ha pronunciado al respecto públicamente, reprobando el hecho. La BUAP y otras instituciones –públicas y privadas− han guardado un estruendoso silencio, mientras que instituciones como la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), parecen estar fuera de su tiempo y espacio.
Digo lo anterior porque no parece disgustarles ni preocuparles un asunto que definitivamente concierne a la calidad educativa del país, pero sí temas como la iniciativa del propio Peña –el mismo que plagió pero del que nada dice la Upaep− de legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, motivo por el cual sacaron un contradictorio comunicado, hablando de la importancia de los Derechos Humanos y la diversidad en la sociedad, pero pidiendo que no se reconozcan las uniones entre personas del mismo sexo bajo tal denominación, con el “argumento” de que eso “provocaría una discriminación regresiva hacia una institución que por naturaleza y sentido común, sólo tiene cabida en la unión entre hombre y mujer”, lo que lleva a pensar que las uniones homosexuales son contranatura o simplemente no naturales. Inmediatamente se hizo sentir la indignación de una parte de la comunidad estudiantil, sin que hasta ahora se haya logrado mucho.
Mientras las universidades y los académicos guardan silencios sospechosos sobre temas realmente trascendentes, otros prefieren entrar al debate sumamente prejuiciado e ideologizado sobre los conceptos legales y “naturales” de la sociedad, que en el fondo no llevan a un verdadero enriquecimiento en el pensamiento y la educación de sus respectivos centros de estudios, ni del país en general. Así las cosas, esto no puede dejar de ser visto simbólicamente como un ejemplo de la profundidad de la crisis y degradación social, moral y política que atraviesa el país.
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