En paralelo al endurecimiento de las posturas que mantienen autoridades federales y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), emergen opciones en el Congreso de la Unión y en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que plantean revisar lo cuestionado por quienes disienten de la reforma educativa y de los señalamientos que vierte Aurelio Nuño Mayer, quien considera que “sería imperdonable que por enfrentar algunas dificultades, por vivir en la coyuntura, no tengamos la capacidad como Nación de concluir un proyecto tan profundo” (http://goo.gl/zQgvuS). Conminaría a no “rendirse” y a esperar para valorar “y hasta después de que se hayan aplicado todos los componentes, considerar la eventualidad de hacer cambios legislativos.”
Sin embargo, en el foro “A tres años de la Reforma Educativa: ¿Qué fortalecer? ¿Qué cambiar? ¿Qué nuevas medidas poner en marcha?”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD), Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, senador de la República, presidente del IBD del senado y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señalaría en sentido contrario: “La visión que tenemos en las Cámaras es que el modelo educativo también requiere un tratamiento legislativo, no solamente de política pública, verlo también como un insumo y un producto legislativo.” (http://prd.senado.gob.mx/wp/?p=84340).
En términos similares se expresaría Juan C. Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, cuando destacara que “las leyes no están escritas en piedra, reflexionar en torno a lo legislado, sus frutos, alcances y sus limitaciones, es un ejercicio permanente” y acotaría “que en legislación y en política no hay punto final, hay punto y seguido y eso es lo que debemos seguir construyendo” (http://goo.gl/ztcflD).
Valdría la pena, empero, cavilar en torno a la intervención del responsable del sector educativo externada en el foro. Nuño señalaría que la reforma es “adecuada y correcta”, que habría que evaluar “y determinar si se debe corregir, y mantener apertura y diálogo con respeto”, que fue aprobada por los legisladores “a través de un proceso democrático legislativo”, pero requiere “el mejoramiento de sus políticas públicas”, que la evaluación no es punitiva “y busca un proceso de mejora continua de los maestros, sin afectar su estabilidad laboral, para que tengan un desarrollo profesional sustentado en el mérito.” Autocrítico, reconoce que “el sistema educativo no tenía la calidad suficiente y la escuela era el último eslabón de cadenas verticales y burocráticas” y que las instituciones carecen de “acompañamiento pedagógico”, de una vida colegiada y cuentan “con contenidos pedagógicos rezagados“.
Pero ni las reflexiones provenientes de representantes de uno de los poderes de la unión, las críticas emitidas por especialistas en materia educativa, las movilizaciones que realizaran maestros y maestras disidentes en el periodo de receso escolar, la continuación del paro indefinido de labores que acarreará la suspensión del inicio del ciclo escolar 2016-2017 en zonas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México, sensibiliza a quienes, responsables de la administración pública y del gobierno, suspenden las mesas de diálogo que se sostenían entre los representantes del personal docente disidente y de la Secretaría de Gobernación, administran, alargan el conflicto y para resolverlo, amenazan con el uso “prudente y legal” de la fuerza cuando afecte derechos de terceros.
Sin embargo y para retomar lo andado, baste con recordar que la cuestionada reforma educativa se impuso obedeciendo a políticas sugeridas por la Organización para la Cooperación Desarrollo y el Económico (OCDE) mediante una aprobación legislativa fast track (diez días) en el Congreso de la Unión, sin discusiones entre los representantes de la soberanía popular y de los estados, con la complicidad legislativa “pactada” entre las cúpulas del PRI, PAN, PRD y el ejecutivo federal, careciendo de una consulta con los sujetos interesados y la sociedad, incluidos maestros y maestras. Sin definir, puesto que el titular del ejecutivo ocupa la presidencia de la República con el apoyo en las urnas de sólo uno de cada cuatro miembros del padrón electoral, un proyecto de nación que respondiera al interés de “todos” los sectores de la sociedad, incluidos el social y el privado, por lo tanto, sin contar con un modelo educativo que definiera, en función del proyecto nacional y de sus vertientes (estatal y regional), qué tipo de mexicanos y mexicanas se pretendería formar y a que perfil profesional debiesen responder quienes tendrían la responsabilidad de educarles.
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