Fermín Alejandro García/Cuitlatlán/La Jornada de Oriente
Un trascendido apunta a que existe la tentación del gobierno morenovallista de no irse sin cobrar venganza contra un sector que le ha resultado perturbador de principio a fin: el de la prensa. Se dice que se estaría estudiando la posibilidad de preparar entre 10 y 12 demandas contra igual número de periodistas incómodos para la administración estatal, a quienes se les acusaría, entre otros supuestos ilícitos, de ser parte de una trama para crear una campaña de difamaciones, de guerra sucia, contra el grupo que controla el Poder Ejecutivo.
Para evitar que esta posible ola de demandas afecten la imagen personal de Rafael Moreno Valle Rosas, en sus últimos meses en el poder, se dice que se buscaría que las querellas se presenten por manos aparentemente ajenas al gobierno del estado.
Se dice que los posibles artífices para interponer las demandas contra periodistas poblanos podrían ser Marcelo García Almaguer, quien es delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y en especial los miembros de la dirigencia estatal del Partido Nueva Alianza (Panal), que encabeza Gerardo Islas Maldonado.
García Almaguer fue quien estuvo atrás de los ataques mediáticos y de guerra sucia contra Blanca Alcalá Ruiz, la candidata del PRI a la gubernatura –en el actual proceso electoral que está por concluir–, pese a la oposición de Antonio Gali Fayad, el aspirante ganador de la contienda, quien siempre mostró hacia el interior de la coalición Sigamos Adelante su malestar por muchas de las agresiones personales contra la abanderada del tricolor.
También se dice que podrían ser utilizados ex alcaldes y ex diputados panistas, quienes se mostrarían agraviados con periodistas de medios impresos y de periódicos digitales –nadie de la radio o televisión–, para interponer demandas, con las cuales no tendría el problema de que se les de continuidad con el cambio de sexenio, ya que el fiscal general Víctor Carrancá Bourget seguirá en el cargo y ha sido un funcionario que se presta a politizar el aparato de justicia.
El gobierno de Rafael Moreno Valle siempre ha querido hacer acusaciones masivas contra periodistas, como un rasgo de su intolerancia hacia la crítica, el disenso y la pluralidad en la prensa.
Su primer intento fue en octubre de 2012, cuando buscó llevar a la acción judicial a un grupo de 19 periodistas, luego de que en el arranque del sexenio se cambió del ámbito penal al civil los llamados “delitos de prensa”, con lo cual se busca imponer penas pecuniarias para que los comunicadores sentenciados se vean muy afectados en sus finanzas personales o no puedan cubrir las sanciones.
El asunto no avanzó por dos razones: la primera porque fue un intento directo del gobierno del estado de llevar a los tribunales a 19 periodistas, bajo el argumento de que encabezaban una campaña negra contra el titular del Poder Ejecutivo, lo cual desnudaba el odio del mandatario a la crítica periodística.
La segunda razón es que eso desató, sin que existiera alguna petición o un complot –figura recurrente entre los morenovallistas–, que muchos periodistas de medios nacionales se pusieran del lado de la prensa local y eso generó temor en el círculo del gobernador, al advertir que si se iniciaban los juicios brotaría un grave deterioro de la imagen pública de Rafael Moreno Valle Rosas.
En ese grupo de posibles periodistas que iban a ser demandados por el gobierno del estado aparecían mi nombre, junto con el de Adrián Ruiz de El Heraldo de Puebla, Selene Ríos Andraca de Periódico Central, Fabián Gómez de Contraparte Informativa, Rodolfo Ruiz Rodríguez y Fernando Pérez Corona de E Consulta; Enrique Núñez Quiroz, Jorge Castillo y Ricardo Morales Sánchez de Intolerancia; Alejandro Mondragón y Valentín Varillas de Status; Iván Tirzo y Cirilo Calderón, quienes en ese entonces laboraban en El Sol de Puebla, junto con Salvador Ríos, quien continúa en ese diario; Arturo Rueda de Cambio y Álvaro Delgado, de la revista Proceso, entre otros.
Al final solo hubo demandas contra Adrián Ruiz y Fabián Gómez. El segundo de ellos llegó a una conciliación con el gobierno del estado, lo que obligó al Poder Ejecutivo a retirar su querella. Del primer colega este tecleador ignora cuál fue el destino del recurso en su contra.
El entonces vocero del gobierno morenovallista, Sergio Ramírez, a quien le dieron facultades legales para poder acusar judicialmente a periodistas a nombre del Poder Ejecutivo, quiso justificar la acción persecutoria contra Ruiz y Gómez con el siguiente argumento:
“…sobrepasaron los límites del libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, al no tener la intención de hacer del conocimiento un hecho de interés general, ni servir a las personas para tomar decisiones que enriquezcan la convivencia o participación democrática, y fuera de contexto, insultar sistemáticamente a funcionarios del Gobierno de Puebla”.
Las palabras de Ramírez reflejaban el sentir del morenovallismo: quien crítica al gobernador no aporta nada a la sociedad y por ende hay que acabar con él, mediante una persecución judicial.
Al final la presión de la prensa nacional obligó a Rafael Moreno Valle a dar marcha atrás en su afán de perseguir a 19 periodistas y sacrificó a Sergio Ramírez, quien fue despedido y se fue –a laborar al estado de Jalisco– enemistado con columnistas, jefes de información y directores de varios medios de comunicación de Puebla.
Si es verdad esta versión de que ahora habrá entre 10 y 12 periodistas acusados por daño morales, por testaferros del morenovallismo, más de la mitad de la anterior lista –la que se hizo en octubre de 2012– volverán a estar en riesgo de enfrentarse judicialmente con el gobierno del estado.
Para mayor información:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/07/04/morenovallistas-preparan-venganza-contra-12-periodistas-incomodos/
