Por Gustavo Santín
Mientras que casi 140 mil suspirantes “buscan plaza” (http://goo.gl/Mws2wD), el sesenta por ciento de ellos, “desempleados” universitarios que engrosarían al creciente ejercito magisterial de reserva –ya que sólo uno de cada 10 (11 mil 77 plazas y 55 mil 946 horas/semana/mes)– obtendrían una plaza por tiempo determinado sujeto a dos evaluaciones diagnósticas anuales.
Crecen las muestras internacionales de repudio que se manifiestan en contra de “la brutal represión que desde el gobierno federal se está aplicando contra los maestros y maestras de México” y exigen que se establezca un diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que solucione las legítimas demandas del personal docente y se excarcele a los presos políticos (http://goo.gl/TLAJxG).
Aurelio Nuño Mayer, encargado de despacho de la administración de Enrique Peña Nieto, se ceba reprimiendo a maestras y maestros –que recurriendo a la protesta social se manifiestan toman plazas y centros comerciales, bloquean carreteras, ocupan alcaldías, establecen plantones en plazas públicas y en la entradas a oficinas gubernamentales– llama cínico y mentiroso a Andrés Manuel López Obrador, lo acusa de ignorante y, cual si fuese su vasallo, cuestiona el apoyo que Andrés Manuel y el Movimiento de Regeneración Nacional brindan al magisterio inconforme con la reforma educativa.
¿Que Andrés Manuel miente? ¿Qué la educación pública no se privatizará?, por partes y nos amanecemos. La fracción IV de la Constitución Política de los Estrados Unidos Mexicanos establece que: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”, no menciona obligaciones por la prestación de un servicio que es deber del Estado, tales como el pago de cuotas de inscripción o las aportaciones voluntarias a cargo de los usuarios, niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres que cursan sus estudios en alguna institución de educación pública, como indebidamente sí se establece en la Ley General de Educación, en el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia y en algunas determinaciones de la Corte.
Forma transfigurada del concepto de inscripciones que se cobrara anteriormente por aceptar a los alumnos y alumnas en las escuelas de educación básica, media superior y normal, las aportaciones voluntarias que forzosamente deben cubrir padres y madres de familia para que sus hijos e hijas sean aceptados en las instituciones de su agrado, cercanas a la casa o únicas en la localidad, alcanzarían, si la “aportación voluntaria” fuese en promedio de 500 pesos anuales por niño o niña, una suma estratosférica cercana a los 12 mil millones de pesos (23 301 994 alumnos y alumnas de escuelas públicas x 500 pesos) cifra que se utiliza para resolver, cuando algunos vivales no se la transan, cuestiones menudas como el pago de la energía eléctrica del 62 por ciento de los planteles, el agua, servicio que cobran las empresas concesionarias, teléfono, internet cuando los recursos son suficientes, pago de personal de “apoyo” contratado en las escuelas, artículos de limpieza, pipas de agua cuando se requieren y demás lindezas de las que integran el gasto corriente en la gran mayoría de las escuelas.
Además del pago en efectivo, en las zonas rurales y en las comunidades, padres y madres de familia cubren el tequio, construyen aulas, en algunos casos laboratorios de cómputo y costean sus respectivas protecciones que eviten el robo del equipo o las televisoras, alimentan y prestan habitación a los instructores comunitarios que envía el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Las cuotas podrían no ser obligatorias como señala Nuño Mayer, pero las “aportaciones voluntarias” tienen el carácter de “voluntarias a fuerza” puesto que la Secretaría de Educación Pública federal, y las locales, no entregan recursos financieros al 95 por ciento de las escuelas públicas.
¿Que los libros de texto no van a costar? Podría ser en el caso de las escuelas primarias y preescolares y con sus bemoles pues los padres y las madres de familia, o los maestros y las maestras, deben cubrir el costo del flete por transportar los paquetes de libros del almacén a la escuela y hasta hacerla de cargadores cuando se les traslada en vehículos particulares a los que les deben pagar la gasolina, dado que las secretarías locales no tienen presupuesto para esa actividad, cuestionada a las secretarias de educación de las entidades por la Auditoría Superior de la Federación en tratándose de pago de fletes y almacenamiento no contemplados por las reglas de operación del programa. Sin embargo, la generalidad de los libros autorizados oficialmente por la dependencia para cubrir los pedimentos del personal docente encargado de las diferentes asignaturas, en las escuelas secundarias y de media superior sigue corriendo a cargo de padres, madres de familia y/o de tutores y siempre han tenido un costo de mercado.
Supeditar los derechos laborales adquiridos por las maestras y los maestros, violar la retroactividad de la ley para sujetar la permanencia en el empleo a la aprobación de un examen estandarizado, conculcar derechos humanos y constitucionales en nada fortalece a “los derechos de los maestros”, los cuales, lejos de profesionalizarse iniciaran una carrera burocrática que les es impuesta. Tratar de impedir una alianza entre un instituto político y quienes se oponen a una reforma, así sea la educativa, es desdeñar la historia del país, ignorar que en materia educativa la nación ha transitado de la enseñanza católica y del monopolio que ejerciera en la materia la iglesia, a la libertad de enseñanza propuesta por Benito Juárez, para definir más tarde, en el constituyente del 17, los fines y los principios de la educación laica sujeta a la rectoría del Estado.
La educación en el período de Lázaro Cárdenas adoptó principios que la tornaron socialista, fundamentos que desechó para adoptar una educación laica, científica y racional. Si el interés superior que pregona Nuño Mayer fuera real, más allá de la retórica populista de derecha que utiliza, habría iniciado la reforma por la transformación de planes y programas de estudios acorde, por lo menos, al modelo de nación que quieren o que les imponen –por incrementar el porcentaje del producto interno bruto destinado a la educación, por acabar con el 44 por ciento las escuelas de organización incompleta dotándolas del personal docente requerido. En fin, dedicándose a las cuestiones académicas y olvidándose de imponer las evaluaciones de permanencia, que hoy cobraron tres muertos, ante la impotencia de la gente que simpatiza con los docentes, según redes sociales y periódicos nacionales, en Oaxaca, la entidad más orgullosa de su herencia indígena.
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