Por Lorena González
De 2012 a 2016, el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha recibido 389 solicitudes, en 38 por ciento de los casos el agresor fue identificado como servidor público.
Lo anterior de acuerdo con el informe “El mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México” de Wola y PBI, en el que en 31 por ciento de las peticiones de protección fue en contra de particulares y en otro 31 por ciento no fue identificado el agresor.
Alrededor del 52 por ciento de las mociones emitidas fue de periodistas y defensores de los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México.
Según el informe, se han logrado avances en el mecanismo de protección de estos personajes, sin embargo indicó que no se cuenta con suficiente personal, pues 37 funcionarios a nivel nacional se encargan la recepción y análisis de nuevos casos, así como el monitoreo de la implementación de las medidas de protección.
Otros de los desafíos que enfrenta el mecanismo son la impunidad, es decir la falta de investigación y sanción contra los perpetradores de los ataques, problemas de presupuesto, medidas desfasadas, ya que todavía ocurre que el cuerpo policial identificado como el agresor es el mismo que se asigna para proteger al defensor o al periodista.
Tanto la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) como las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) concluyeron que “México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos y los periodistas”.
Foto: Proceso
