Por Diana Juárez y Lorena González
El programa de conservación de la cuenca del Río de Necaxa, ubicada en Puebla, fue formulado, pero no ha sido publicado, lo que pone en riesgo a la zona de sufrir afectaciones que su vez vulneren los derechos humanos de los pueblos aledaños.
Por primera vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación general sobre un tema ambiental, en el que señaló que en el país hay 177 áreas naturales protegidas federales, de las que 57.6 por ciento (102) cuentan con programas de manejo formulado y publicado, mientras que el 11.3 por ciento (20) dispone de su proyecto pero no está en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y el 31.1 por ciento no cuenta con el mencionado instrumento.
La Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, que comparte una parte con Hidalgo, fue decretada como área natural protegida el 20 de octubre de 1938, recategorizada el 9 de septiembre de 2002 y es parte de la vida de 137 mil 509 habitantes.
Del total, 58 mil 530 son indígenas, lo que convierte al territorio como uno de los 29 con mayor población autóctona y por lo que hizo hincapié en la importancia del tema.
El río forma parte de la presa que lleva su nombre y que en octubre de 2015 pasó a ser parte de los activos de Mota-Engil, empresa privada portuguesa.
En tanto, el organismo nacional señaló que el estatus de los programas de tres parques nacionales y una reserva está dentro del grupo del 57.6 por ciento.
Se trata de la zona Iztaccíhuatl-Popocatépetl (Puebla-Estado de México), Pico de Orizaba (Puebla-Veracruz), La Malinche (Puebla-Tlaxcala) y la biósfera Tehuacán-Cuicatlán (Puebla-Oaxaca).
Omisión en programas propiciaría “explotación” de recursos
En el país, hasta el 31 de marzo de 2016, se contabilizaron 41 reservas de la biosfera, 66 parques nacionales, cinco monumentos naturales, ocho áreas de protección de los recursos naturales, 39 áreas de protección de flora y fauna y 18 santuarios.
En este tenor, la CNDH pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ponerse al corriente.
“La omisión de publicar los programas de manejo de áreas naturales protegidas en los que se definan las actividades permitidas y las prohibidas y su demarcación genera una situación de incertidumbre en la defensa de los derechos humanos, entre ellos el derecho a un medio ambiente y a la seguridad jurídica al facilitar que los desarrolladores de diversas industrias como lo son la del sector minero, extracción forestal y turística, por mencionar algunas, exploten irracionalmente y dañen en ocasiones de manera irreparable, los recursos naturales”.
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