Por Jorge Arturo Santamaría Colula
El borrador del predictamen de la Ley General sobre Desaparición Forzada, elaborado en el Senado, no se acata a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, además, el Estado “evade su responsabilidad” en la problemática.
Así lo señaló la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, que emitió 15 observaciones respecto al documento elaborado por comisiones unidas de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Estudios.
En un comunicado, los integrantes señalaron que el borrador no corresponde a las exigencias de las víctimas de desaparición forzada y afirman que es necesario revisarlo ya que si se aprueba como está, no ayudará a erradicar el delito que ha cobrado 27 mil 659 víctimas de 2007 al 2015.
El documento de la cámara alta –indicaron– no puntualiza la “verdadera responsabilidad del Estado” en este tema, por lo cual se estaría garantizando la continuidad de la impunidad, permitiendo que los familiares de las víctimas no puedan acceder a la justicia y “mucho menos” obtener la reparación integral del daño.
Argumentando que el Estado es el único responsable de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos, afirmaron que su obligación es investigar toda desaparición forzada que es cometida de manera directa o indirecta por agentes de la Federación o por grupos que actúan con su aquiescencia.
“El discurso del Estado va dirigido a hacer creer que quienes cometen las desapariciones son, en su generalidad, particulares, lo cual es preocupante y peligroso ya que con ello, el Estado elude su responsabilidad en las desapariciones forzadas”, afirmaron.
Los señalamientos
En el comunicado, mencionaron que a pesar de la integración de algunas observaciones, aún se necesita puntualizar algunos hechos, sanciones y conceptos, para que correspondan a las exigencias de las víctimas de desaparición forzada y a los estándares internacionales en la materia de derechos humanos.
Entre las observaciones se mencionó cambiar el nombre del título del borrador a “Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y La Desaparición Cometida por Particulares”.
También pidieron no utilizar el término “personas no localizada” porque no entra dentro de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y por sí mismo no considera un delito. Solicitaron sólo usar: “personas víctimas de desaparición forzada” y “personas víctimas desaparición cometida por particulares”, así como la debida definición de cada una, para evitar caer en contradicciones.
Aseveraron que se debe especificar que los responsables del delito solo podrán ser juzgados por tribunales civiles y que se sancione a toda la cadena de mando sin importar la jerarquía.
Exigieron que el Estado asuma su responsabilidad en la obligación de la búsqueda para dar el paradero real de las víctimas, en la investigación y sanción de los responsables, así como de crear y darle autonomía a un Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses
Propusieron establecer un registro oficial de personas detenidas, que pueda ayudar a la investigación; cambiar el Sistema Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, el cual, de entrada, consideran que es complejo, burocrático y no sirve para la búsqueda.
Cabe señalar que las comisiones dictaminadoras no han compartido de manera formal ni oficial el borrador del dictamen, tal como lo había prometido; además, no han cumplido con las fechas de reunión para analizar el borrador.
Foto: Especial
