Por Gustavo Santín
Aurelio Nuño Mayer se calza los guantes y descalifica una oferta de alianza entre un partido político y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ignorando que la propuesta de reforma educativa que tanto preconiza, “descansó” en una coalición de partidos políticos que avalaron el Pacto por México y con él, las “reformas estructurales” impulsadas por la actual administración.
El descrédito vertido por las autoridades educativas y organizaciones civiles en contra de quienes se oponen a la reforma educativa ha sido la constante y el argumento que lo justifica; anteponer intereses personales o de grupo al derecho “superior” que tienen niñas, niños y adolescentes a recibir educación de calidad, también.
Sin embargo, las posturas enfrentadas entre quienes defienden un proyecto de gobierno y los que pretenden preservar derechos laborales adquiridos se radicalizan. Nuño enfatiza que los maestros y maestras cesados por no presentar la evaluación del desempeño docente perderán sus plazas y que no habrá una “tercera” oportunidad para volverse a evaluar.
En tanto, la CNTE elabora un plan de acción que contemplaría un paro indefinido de labores, una “vía jurídica” que incluiría la presentación de amparos y acudir a las cortes internacionales, movilizaciones sociales con todas sus implicaciones (bloqueos carreteros, tomas de casetas de peaje, oficinas de gobierno y plazas comerciales, plantones permanentes), alianzas con otros sectores afines a sus intereses, agraviados por actos de gobierno como ya sucediera en los Estados de Oaxaca y Guerrero y por qué no, a los acuerdos con partidos políticos o con candidatos independientes que les garanticen la defensa de sus intereses y a la presentación de una propuesta pedagógica. Cada facción en disputa recurriría a las estrategias que les brinden mejores resultados.
Descalificar las ofertas por cancelar una reforma educativa que no ha dejado satisfechos a quienes tendrían la responsabilidad de operarla sin revisar las causas que originan el descontento de maestras y maestros; desautorizar la firma de “un acuerdo para mejorar la educación” que formulase un dirigente político que promueve una candidatura opuesta a gubernamental y tacharlo de cálculo político por señalar que, “cuando asuma la presidencia”, cancelaría la reforma educativa (y las otras tres); acusar a los maestros y maestras que se manifiestan “en defensa de la educación pública, de sus derechos laborales y la estabilidad de su fuente de empleo” (Laura Poy Solano, La Jornada, marzo 13, 2016) y en contra de la evaluación punitiva; señalar que pierden el tiempo por no reconocer que la reforma educativa está en marcha; negarse al diálogo si los interlocutores no quieren platicar sobre cómo implementar una propuesta pedagógica que desconocen por no ser una prioridad para el gobierno; sería adoptar una política similar a la del avestruz.
Innegable que platicar con los dirigentes de la CNTE y de cualquier otra expresión sindical “disidente” no sería labor grata para Nuño ni para cualquiera de las autoridades educativas si no se acordara una agenda previa que abordara temas que interesaran a las partes y sólo se trataran tópicos que les confrontan.
También lo es, que el funcionario que encabeza el sector educativo se siente más a gusto tratando con los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes adoptaran una actitud “más sumisa” tras la encarcelación de Elba Esther Gordillo Morales, ex líder vitalicia; visitando escuelas bajo estrictos protocolos de seguridad, concediendo entrevistas a modo en las que “señala” que cumple con la tarea, ponderando la responsabilidad que le fuera asignada por el titular del ejecutivo federal, calificando a la reforma educativa como la más importante de las reformas estructurales de la administración en turno, repartiendo dinero en cualesquiera de los dos programas de infraestructura (reforma educativa y escuelas al cien) que operaran la subsecretaría de educación básica de la dependencia que encabeza y un organismo desconcentrado del gobierno federal.
Cuestionable sería que alguien en pleno uso de razón se pudiera oponer a la mejora de la calidad de la educación que el Estado debe impartir a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, también lo es que un proyecto de reforma educativa que quisiese trascender, pudiese operar sin el consenso de quienes, maestras y maestros, tienen la responsabilidad de educar a los y las menores bajo su encargo.
El uso de la fuerza “para garantizar el derecho a ser evaluados en entidades bajo influencia de la CNTE” que caracteriza a quienes toman decisiones, la ruptura de las mesas de dialogo por no apegarse al libreto oficial, la suspensión del pago “sin responsabilidad para la autoridad educativa”, autoría de las autoridades educativas federales solo acrecientan el descontento magisterial y dejan a las autoridades educativas locales como testigos mudos que no pueden responder a quienes no son empleados del patrón sustituto y sí de quien les paga, el gobierno federal.
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