Por Gustavo Santín
El anuncio del cese de 3600 docentes que no presentaron la evaluación al desempeño docente, formulado por Aurelio Nuño Mayer, encargado del despacho educativo de la actual administración, plantea varias interrogantes que precisan una respuesta inmediata. Entre los cuestionamientos convendría saber ¿quién resarciría el daño causado a niñas y niños que cursan la educación básica por los días, tal vez meses, que no tendrán un mentor frente a su grupo?, ¿a qué autoridad deberíamos responsabilizar por la carencia de personal docente “idóneo” y por los cientos de grupos que en todas las entidades de la República, no cuentan con maestros o maestras a 8 meses de haberse iniciado el ciclo escolar 2015-2016?, ¿a la Secretaría de Educación Pública (federal) y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), normativas, o a las secretarías de educación en las diversas entidades encargadas de la operación?
¿Quién cargará con la loza por el despido de docentes que cuentan con más de diez, veinte o 25 años de antigüedad, a los que se les ignoran derechos adquiridos y a quienes se les pretende “tazar” al tenor de una ley secundaria aplicada de manera retroactiva violando sus derechos constitucionales?, ¿en la lógica de su norma y dados los criterios que pretenden aplicarse a secretarios y exsecretarios de educación locales por realizar pagos “indebidos a personal docente comisionado”, ¿la Auditoría Superior de la Federación fincaría responsabilidades resarcitorias a Aurelio Nuño por realizar remuneraciones fuera de norma al personal docente que no acudió a las evaluaciones de permanencia pues consintió que permanecieran en sus labores a pesar de violentar sus ordenamientos y los separa cuando presenta resultados de la evaluación docente, a pesar de ser dos cuestiones diferentes?
¿A qué obedece que Nuño señale, con diferencia de días, que la medida anunciada alcanzaría primero a más de 16 mil docentes, para enmendar la cifra, bajarla en un mil maestras y maestros y finalmente redondearla a los 3 600 señalados y que en los comunicados del INEE se indique que “se evaluaron 134 mil 140, que representan el 90 por ciento de los 150 mil 134 de los maestros y directores programados” sin que les cuadren las cifras?, ¿qué motivación política subyace a la toma de la medida que afectará directamente a 3600 familias a las que deja sin sustento, si a 12 mil que se encuentran en las mismas condiciones se les “da” una nueva oportunidad y si el mismo Nuño Mayer reconoce que “el proceso es nuevo y tiene muchos aspectos que mejorar,” entre ellos, señalan conocedores del tema, el de la formulación de una prueba confiable, la mejora de las condiciones técnicas y de aplicación del examen, entrega de citatorios en tiempo y forma en los que fracasó la Coordinación del Servicio Profesional Docente.
¿Hasta cuándo la SEP continuará habilitando como directores de plantel a personal docente, sin otorgarles la clave como que corresponde al personal directivo y sin pagarles de acuerdo a la función que desempeñan, dado que Nuño reconoció “que los 921 directores que no se presentaron a la evaluación y fueron cesados, son maestros comisionados a funciones de dirección, por lo cual dejarán esa función.”
¿Creerá Nuño que los maestros y maestras del servicio público se tragan la zanahoria que significa un incremento al sueldo base –concepto 07- equivalente al 35 y 24 por ciento indica, cuando quienes laboran en el sector conocen que este rubro equivale a una tercera parte de su salario integrado y que corresponderá tan sólo a un bono mensual de entre algunos cientos de pesos y excepcionalmente la suma alcanzaría los 2 mil pesos mensuales?
¿Estimará Nuño Mayer, parece que si aunque todos digan que no, que el desempeño de las autoridades de SEP y del INEE en torno a la evaluación de permanencia de los docentes en el servicio cumplen con los principios de ” legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia.” previstos en el artículo 5 de la LGSPD, si el consejo directivo del INEE delego la formulación de las pruebas al Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) sin mediar los procedimientos de licitación previstos la ley de adquisiciones y obra pública y adicionalmente, dejo correr un lapso muy amplio entre la sustentación de la evaluación y la publicación de resultados, cuestión que despierta “sospechosismos” sobre los resultados?
Cuestionado por la izquierda y por la derecha, por maestros y maestras afiliados al CNTE y a la SNTE lo mismo que a otros sindicatos magisteriales y por si fuera poco por su otrora aliados la organización Mexicanos Primero A.C que, palabras más, palabras menos, lo señala como demagogo por anteponer sus intereses políticos, Aurelio Nuño tiene razón cuando reconoce que ante el despido y el cese de maestros y maestras “tienen el derecho de seguir una ruta jurídica”, ruta que transitaría en lo legal, por interponer un recurso de revisión “en contra de las resoluciones administrativas que se pronuncien en los términos de la presente Ley”, (artículo 80 LGSPD) o bien, la del amparo ante “la autoridad jurisdiccional que corresponda” (artículo 80 LGSPD).
Sin embargo, la ruta jurídica invocada por el encargado del despacho educativo no será la única alternativa que asuman los cesados, las organizaciones a las que pertenecen y a las que habrán de sumarse y madres y padres de familia de los niños y niñas afectados(as) por la ausencia de docentes.
Conscientes de la ofensiva que Nuño lanzará en su contra, a pesar que de manera estratégica se mantuvo fuera del mapa “maestros despedidos por no presentar evaluación”, al personal docente que no se evaluara en los 4 estados en los que la CNTE es mayoritaria, la Coordinadora anunció que recurrirá a la defensa colectiva de sus compañeros y compañeras individualizados por las autoridades educativas, señalando que a más de interponer una “demanda laboral” ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y ante instancias internacionales, recurrirá a las movilizaciones sociales y en coordinación con otros sindicatos también convocará, a pesar de la debilidad por la que pasa, un paro nacional de labores, “que estallaría entre el 15 de abril y el 1 de mayo.”.
Pero y adicionalmente y por si fuera poco, vale la pena reflexionar que Nuño ignora que los 3600 docentes cesados atienden a más de 120 mil niños y niñas que se quedaran sin clase por decisión de la autoridad, que éstos y estas menores pertenecen a más de treinta mil familias cuyos padres y/o madres se ausentarían de sus labores por cuidarlos en el mejor de los casos o en el peor, los dejarán solos en casa, que esas familias verán deteriorados sus ingresos y que manifestarán su enojo, como ya lo hacen, por intermedio de las redes sociales. Nuño debe renunciar por el bien de la patria.
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