Por Gabriela Xelano @Fitoles
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió al Congreso de Puebla investigar las diversas irregularidades detectadas por la ASF, en materia de gasto para la calidad de la educación en el estado.
En el punto de acuerdo, los legisladores señalaron que considerando los resultados de la cuenta pública 2014 de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el estado mantiene diversos pendientes para comprobar el uso de al menos 24.3 millones de pesos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica entre los años 2014 y 2015.
“Las autoridades de la entidad no presentaron los informes respectivos sobre las variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado y el ejercido”, señalaron. Dicha omisión demuestra la “poca planeación y el posible desvío de recursos públicos para favorecer a diversos particulares… por los nulos controles en la fiscalización, evaluación y control de la gestión pública, la poca transparencia y mínima rendición de cuentas de la presente administración estatal”.
Además, señalan que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, incumplió con las reglas de operación del programa, en relación a las cartas compromiso para expresar su adhesión a la estrategia, mismas que presentó sin los sellos de recepción.
A dichas inconsistencias se suman las diversas anomalías en la comprobación de gastos como materiales de oficina, compras no contempladas en los objetivos como la adquisición de artículos deportivos, gasolina y nóminas de asesores en idioma inglés sin presentar.
En 2013, Puebla no ejerció 57.5 mdp
Caso similar pasó en 2013, cuando el estado no ejerció más de 57.5 millones de pesos del programa de Escuelas de Tiempo Completo, por lo que hicieron un llamado a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que investigue lo sucedido para identificar, sancionar y prevenir la comisión de actos ilícitos en perjuicio de las arcas públicas.
A su vez, pidieron a la ASF para que presente las denuncias correspondientes por las presuntas irregularidades, que por acción u omisión, causaron daños o perjuicios a la hacienda pública por el ejercicio indebido de recursos públicos.
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