Por Ilse Contreras @Se_GatoPardo
Liliana Hernández Mena, madre de dos niños de 8 y 5 años, no ha podido ver a sus hijos desde julio de 2015, cuando el DIF estatal “se los quitó”, argumentando que eran maltratados; sin embargo, el Poder Judicial y la FGE “no lo han podido comprobar”.
Así lo denunció Pablo Herrera Romero, abogado de la afectada, quien –acusó– fue detenida el pasado 28 de enero por el presunto delito de violencia intrafamiliar, pese a que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de exámenes físicos, determinaron que “no presentaron el síndrome de niño maltratado”.
Acusó al DIF estatal de estar coludido con las autoridades para trasladar, sin ninguna autorización, a los menores a un “albergue” privado en el municipio de Acajete, llamado el “Temazcalito” del 13 al 18 de julio. Ante ello, consideraron que lo anterior “está relacionado con el tráfico de menores”.
Denunció que a uno de los padres, Alejandro Fernández Rugerio, lo hicieron firmar para que eximiera de “toda responsabilidad” al DIF estatal por haber trasladado a los niños a dicho lugar.
Exigen respeto a derechos de los niños
El también abogado del Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE) insistió que dicha institución, lejos de “sus grandes logros y bondades” atenta contra los derechos de los niños.
Asimismo, exigió el respeto a sus derechos como madre y la devolución de sus hijos.
Indicaron que desde el pasado 7 de diciembre están en espera de la resolución del proceso judicial y sobreseimiento de los amparos interpuestos ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito con número de expediente R-1/2016.
Finalmente, señaló que el proceso lo llevó el juez sexto de Puebla, pese a que no le correspondía, sino al de Cholula, ya que los niños –fueron llevados por el DIF estatal con familiares que viven en Acajete–.
Foto: google maps
