Por Marco Rovira
Desde 1987, el centro histórico de Puebla es considerado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad debido a su riqueza cultural presente en sus edificios coloniales, su historia, y las prácticas que se han desenvuelto en éste desde su fundación en 1531.
El título de Patrimonio Cultural de la Humanidad no es sólo una condecoración que sirve para atraer al turismo, como parecen entenderlo nuestras autoridades locales. Más allá de sus implicaciones en términos de imagen, se trata de una responsabilidad que recae directamente sobre los habitantes de la ciudad, particularmente los que de una forma u otra están vinculados al espacio del centro histórico, así como sobre nuestras autoridades locales.
Dicha responsabilidad implica no solo darle difusión al patrimonio arquitectónico, religioso y urbano del centro, sino también aplicar políticas que ayuden a su preservación, estudio y mejor vinculación con la sociedad.
Lamentablemente la actual administración del gobernador Rafael Moreno Valle, así como las autoridades municipales actuales y del periodo anterior (ambas también del PAN) parecen creer que el Patrimonio de la Humanidad es su propiedad particular, a la cual pueden administrar y explotar como mejor les parezca sin tener que rendir cuentas a nadie.
Como muestra de lo anterior mencionaré dos ejemplos. Primero, el proyecto para crear un área de servicios turísticos alrededor de la pirámide de Cholula, para el cual se han expropiado números predios a los habitantes de esa ciudad, mismos que han protestado activamente, lo que dio lugar al encarcelamiento de algunos de ellos por parte de las autoridades estatales.
Este proyecto contempla la construcción de infraestructura que puede dañar los cimientos y la resistencia de edificios tan importantes como la propia pirámide, principal símbolo del pasado prehispánico del que es por hoy el sitio con ocupación humana ininterrumpida más antiguo de nuestro país.
Nuestro siguiente caso destaca aún más como una muestra de hasta dónde se puede llegar con la voracidad de las autoridades locales que amenaza al patrimonio. Desde el comienzo de la presente administración estatal se comenzó a dar una fuerte inversión destinada a la renovación del área histórica de los fuertes de Loreto y Guadalupe, la cual incluyó la renovación del recinto ferial, el planetario, las áreas verdes, el cercado de algunas áreas del terreno, así como la construcción de un teleférico que, originalmente, tendría una estación en el centro histórico, en el predio que antes ocupaba la Casa del Torno, un inmueble del siglo XVII que fue destruido para poder poner, en su lugar, una larga estructura en forma de torre que conectaría con la otra estación, misma que se construyó a un lado del monumento a Ignacio Zaragoza en la zona de los fuertes.
La destrucción de la Casa del Torno, así como el daño provocado a los cimientos y estructuras históricas de la zona debido a la construcción y renovación de espacios, constituyen un daño irreversible a algo que forma parte de nuestra historia y riqueza como poblanos y, en un sentido más amplio, forma parte de la riqueza e historia de la humanidad y su pasado en conjunto.
Ante esto, la semana pasada un integrante del “consejo ciudadano del centro histórico y patrimonio edificado”, en el marco de la presentación del “contrainforme” de gobierno de Rafael Moreno Valle, mencionó que existe la posibilidad de que la Unesco retire el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad al centro histórico de Puebla, debido a los numerosos proyectos que han atentado contra el mismo.
Lo anterior, más allá de que sería lamentable, quizá constituya el desenlace lógico de una serie de acciones de gobierno que no han tenido la sensibilidad adecuada para saber cómo administrar el patrimonio, poniendo como prioridad su salvaguarda antes que su explotación turística.
La sociedad poblana también se llevaría buena parte de la culpa por su falta de conciencia al respecto, dado que las reacciones en defensa del patrimonio han resultado insuficientes, no sólo como producto de la represión gubernamental -que tiene buena parte de la culpa-, sino también del desinterés prestado o la ignorancia en la materia.
Lo hecho, hecho está; sin embargo, estamos obligados a aprender de nuestros errores. Nunca más permitamos que la ambición de unos cuantos funcionarios destruya la herencia que los poblanos hemos generado para la humanidad, anteponiendo fines comerciales o personales a lo que debería ser un proyecto concertado, cuya prioridad sea salvaguardar una riqueza que por su valor excepcional merece ser considerada parte de la lista de logros que la humanidad ha alcanzado durante su desarrollo.
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