Por José Buendía Hegewisch
La intención de filmar una película autobiográfica, que facilitó su detención, habla de la impunidad institucional de la cual creía gozar, a pesar de la mayor cacería humana de más de nueve mil hombres en su búsqueda, desde hace 6 meses.
Joaquín “El Chapo” Guzmán es símbolo de todo lo que queda sin castigo por la ineficacia y la negociación de la ley. Nada podría resarcir ni un ápice la debacle institucional que representó su fuga sin la foto del reingreso al penal del Altiplano. El presidente Peña Nieto lo sabía y así lo reconocía tras su evasión. Ahora, es necesario que entienda, también, que el enemigo de la confianza en las instituciones es todo lo que “El Chapo” representa de la corrupción, opacidad y complicidad con el crimen.
La mejor manera de recibir este regalo de Reyes es colocar nuevamente los hechos, resultados y rendición de cuentas en el centro de la política pública, más allá de eslógans publicitarios como “el gobierno, sí cumple”. La detención era indispensable para una administración ayuna de buenas noticias desde hace más de un año, a la que debería servir para el balance y corregir errores cometidos, precisamente, en la fuga y otras crisis de justicia y derechos humanos. Sin duda, es un tanto para el gobierno en sus horas más bajas de popularidad y alicaída credibilidad internacional, que en algo repara el ridículo de la fuga hace un año a los ojos del mundo.
El operativo demuestra eficacia de inteligencia del Ejército y policías para alcanzar a capos, pero esos cuerpos de élite poco tienen que ver con el descontrol del sistema penitenciario y el dominio del crimen en penales, incluidos los de alta seguridad; tampoco con la corrupción de policías y ministerios públicos, la ineficacia de jueces y magistrados. ¿Cuáles lecciones deja al gobierno la reaprehensión de “El Chapo”?
En efecto, ningún control de daños ni estrategia mediática puede suplantar la contundencia de los hechos, para bien y mal. El reconocimiento de misión cumplida del tuit presidencial, al anunciar la detención, es un bálsamo para la percepción de fracaso que permeaba otra vez una investigación y la acción de la justicia. Y, como dijo el Presidente, debe ayudar a recuperar credibilidad en las instituciones, aunque eso pasa también por esclarecer las complicidades y corrupción de la fuga.
Si la recaptura abona en la capacidad del Estado para asegurar a un delincuente, la investigación sobre las condiciones de su huida y las redes institucionales que la cobijaron es imprescindible para la credibilidad en una real y auténtica voluntad de rendir cuentas.
Apenas hace unos días, el diario The New York Times arriesgaba en un durísimo editorial que decía que el gobierno de Peña Nieto sería recordado por la falta de transparencia y por rehuir a la rendición de cuentas de casos de corrupción como el de la Casa Blanca e investigaciones fallidas, más que como el “líder transformador”, que la misma prensa internacional le colgó por las reformas estructurales. No puede olvidar que la fuga de “El Chapo” resultó decisiva para cambiar afuera la percepción de su gobierno.
Su huida fue emblemática de la incapacidad del Estado para tener el control, ya no de las calles, sino de los territorios confinados y bajo el monopolio de la policía; prueba fehaciente de corrupción y complicidad que está detrás de la impunidad de nueve de cada diez delitos en el país; de la incapacidad y falta de profesionalismo para investigar las miles de desapariciones forzadas de la crisis de derechos humanos.
Pero, precisamente, la visibilidad del caso es una oportunidad para dar una sacudida a fondo del sistema penitenciario y el aparato de justicia con la información del capo. Antes de atender el compromiso de extradición a Estados Unidos, vigente desde la primera vez que fue capturado, el punto de la discusión no debe ser si se extradita o no, sino cómo obtener y aprovechar la información para limpiar los caminos andados por “El Chapo”.
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