Por José Buendía Hegewisch
La crisis de los derechos humanos por desapariciones forzadas marcó un antes y un después para el gobierno de Peña Nieto. El caso Iguala conmocionó al país y lo puso bajo el escrutinio internacional, por la matanza de estudiantes de Ayotzinapa. Al concluir 2015, siguen apareciendo fosas clandestinas en Guerrero o Morelos que, como otros estados, son omisos en legislar sobre las víctimas e ineficaces para enfrentar el delito. La soberanía estatal es hoy uno de los mayores obstáculos para que instituciones locales, atrasadas, penetradas por la corrupción y el narco, puedan combatir el crimen. ¡Lo que ahí viven muchas víctimas es simplemente de horror!
El presidente Peña Nieto envió, al Congreso, las iniciativas de ley contra la tortura y de desaparición forzada de personas, luego de la reforma constitucional para expedir una ley general que homologue el tipo de delito, establezca protocolos de investigación y búsqueda en todo el país. Comprende la creación de un registro nacional de los más de 26 mil desaparecidos que hay en la estadística oficial, así como medidas de atención y reparación del daño para víctimas, como la figura de la declaración de ausencia de un desaparecido. También un Consejo Nacional Ciudadano para supervisar la aplicación de la ley.
La exigencia de leyes generales obedece, primero, a que ambos problemas han sido calificados como generales en sendos informes de relatores de la ONU. Como se recordará, ello generó un airado rechazo del gobierno mexicano, que luego modificó su postura para abrirse al escrutinio internacional, por ejemplo, con la participación de la CIDH en la investigación de Ayotzinapa. Y segundo, porque entre las entidades esos delitos no están tipificados en sus códigos o el tipo penal es inadecuado.
En seguridad y justicia este gobierno ofreció dar mejores resultados que el anterior, con mayor coordinación con estados y municipios, dado que ése fue un “talón de Aquiles” del combate al crimen y la guerra contra el narco de Calderón. Sin embargo, persiste una desconexión con los estados, que descargan sus responsabilidades en la Federación y, al mismo tiempo, rechazan la injerencia en reformas legales, por ejemplo, en la declaración de ausencia de desaparecido. A sus familias sufren una doble victimización cuando necesitan hacer trámites bancarios, seguridad social o de sucesión testamentaria, ante las trabas de los códigos civiles locales. En muchos casos se trata de cabezas de familia y su ausencia la deja en total indefensión y a expensas del maltrato y abuso de funcionarios municipales o estatales.
En la ley general también se mantienen limitaciones respecto la declaración de ausencia o en medidas para la reparación del daño, cuyo catálogo se dejó en la Ley de Víctimas que, nuevamente, sólo han aprobado unos cuantos estados. Sobre todo es una pálida muestra de los obstáculos para la coordinación con la Federación y el funcionamiento de poderes locales penetrados por la corrupción y el crimen, como demostró el caso Iguala. Además de la falta de capacidades y debilidades institucionales, ahí la investigación y búsqueda de desaparecidos corresponde a instancias que actúan en complicidad con el crimen.
La PGR elevó de rango a la fiscalía sobre desaparecidos y tiene 120 personas dedicadas a investigar y buscar a personas con tecnología de punta, como bancos de ADN y drones, pero poco se traduce eso en resultados tangibles, como el hallazgo de ellos en Iguala y otros estados, sin el compromiso de los poderes locales. Las definiciones sobre el alcance y posibilidades de la ley están ahora en el Congreso, donde veremos hasta dónde resisten las presiones de las soberanías que los estados usan poco y mal en perjuicio de las víctimas.
Buena Navidad y hasta el próximo año.
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