Por José Buendía Hegewisch
La crisis es señal de identidad de generaciones de los ochenta, noventa y del nuevo siglo. A millones retuvo o devolvió a la pobreza, porque el país desde entonces crece menos que la población e insuficientemente para mejorar el ingreso.
El temor a perder lo ganado en una devaluación o a un futuro peor es denominador común de la mayoría de los mexicanos de las últimas tres décadas. Pero esas percepciones negativas no se comparan con el actual malestar social y de desconfianza hacia la autoridad, aunque el protagonista de ambos es una sociedad civil más exigente.
Podemos recordar el abucheo a De la Madrid en la inauguración del Mundial por su inacción en el sismo de 1985, cuyo aniversario conmemoramos. Aquel, el nacimiento de la sociedad civil para enfrentar la tragedia e incidir en el ámbito público. Ahora, tres décadas después, el rechazo a la autoridad alcanza casi tintes apocalípticos en el debate en los medios por la falta de resultados del gobierno, corrupción o su pasmo ante la tragedia.
Desde 2014 la confianza baja a mínimos entre empresarios y consumidores. La desafección política aumenta con el descrédito hacia las instituciones y el desencanto democrático. Como reconoció Peña Nieto en el informe, México “enfrenta una situación de desconfianza en lo interno e incertidumbre en lo externo”. Incluso, Merrill Lynch identifica el “malestar social” como riesgo para el crecimiento.
Ese desánimo está en línea con la caída de popularidad de Peña Nieto a niveles inferiores que sus antecesores, a pesar de que, por ejemplo, la economía o inseguridad fueron peor con Calderón. En 2009, la economía cayó 4,7% con la crisis internacional y la inseguridad alcanzó el máximo de 22 homicidios por cada 100 mil habitantes. A pesar de ello, la popularidad de Peña Nieto es más de 10% menor que la de Calderón en el mismo periodo, ¿cómo explicarlo?
El regreso del PRI en 2012 causó ambivalencias por verse como opción de experiencia para pacificar al país, a la vez que temerse una vuelta al pasado autoritario. El éxito en la negociación del Pacto fortaleció la percepción del buen oficio priista para resolver asuntos atascados en la confrontación política y generó sobreexpectativas de bonanza. Pero la segunda pulsión se impuso con la crisis de derechos humanos y escándalos de corrupción que tocaron a la figura presidencial.
Tlatlaya y Ayotzinapa desnudaron la debilidad de las instituciones de justicia y mostraron que, en conjunción con la corrupción, convierte a la autoridad en fuente directa de amenaza. Su limitada capacidad para responder y la percepción sobre corrupción podrían dificultar mayores avances en seguridad o en economía.
Ante esa perspectiva, la tolerancia de otras épocas a la corrupción y a la violación consentida de la ley dio paso al reclamo de justicia y de mayor exigencia a la autoridad.
El estado de “desconfianza” que reconoce Peña Nieto se agudizó el último año, aunque viene de una cuenta más larga. Precisamente, ahora se conmemora el 30 aniversario del sismo de 1985, cuando la sociedad civil superó al gobierno en la emergencia. Aquel “jueves negro que cambió a México” (El Universal) desnudó la incapacidad del Estado paternalista para reaccionar y el mal de la corrupción en infraestructura y construcciones que agravó la tragedia.
Pero, sobre todo, dejó ver una sociedad que se movilizó antes que la autoridad, porque ya no confiaba en su capacidad y en las instituciones. Las últimas tres décadas han estado marcadas por la mayor presión de la sociedad para avanzar contra la pobreza o la inseguridad. De mayor exigencia social que no admite vueltas al pasado. También de mayor frustración ante algunos nostálgicos del poder que ignoran que el país ha cambiado.
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